Diez activistas de Amnistía Internacional (AI) han realizado este jueves una acción en la plaza Reial de Barcelona para alertar de que en el Estado "continúa vulnerándose el derecho a la vivienda", representando con cajas, maletas y felpudos la realidad de los desahucios, una situación que se dio en 6.710 casos por impago de alquiler en la provincia de Barcelona y 4.760 en la de Madrid.
En declaraciones a Europa Press, el responsable de relaciones institucionales de AI Catalunya, Eduard Martínez, ha criticado que "las autoridades no toman suficientes medidas para mitigar los efectos" de esta situación, que afecta especialmente a mujeres a cargo de familias monoparentales y a víctimas de violencia de género, han detectado.
Así lo refleja el informe 'La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de desahucios de viviendas de alquiler en las mujeres en España', que alerta de que las autoridades públicas de Catalunya y Madrid adoptaron antes de 2015 "de forma deliberada e injustificada" medidas regresivas sobre el derecho a la vivienda que contravienen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
RECORTES
Estas comunidades autónomas realizaron "drásticos recortes del gasto público", y actualmente la flexibilización de los contratos de alquiler y la aceleración de los desahucios no han ido acompañadas de medidas efectivas que garanticen que las personas afectadas no se quedan sin hogar.
Martínez ha lamentado que los desahucios por impagos de alquileres superan ya los de ejecuciones hipotecarias, mientras que en el Estado hay una gran falta de alquiler social: el parque público de vivienda solo representa el 2% del total, que contrasta con el 32% de Holanda, el 17% de Francia y el 20% de Austria.
En Catalunya existe un protocolo de coordinación entre autoridades judiciales y servicios sociales, que a pesar de ser positivo no se está implementando de forma suficiente ante situaciones de desahucios: de 3.024 casos en los que habría sido posible, solo se aplicó en 564.
La ONG ha remarcado la necesidad de reformar este protocolo para ampliar las casuísticas --incluyendo las de alquileres-- y los perfiles de afectados, formar al personas judicial y administrativo sobre su aplicación y garantizar que el aviso a los servicios sociales se da con suficiente antelación como para que puedan buscar una alternativa residencial o ayuda económica a los afectados.
"El Estado no protege la vivienda como un derecho humano, sino que lo considera como un bien de consumo e inversión", ha lamentado, y ha añadido la problemática que han detectado en la ley de enjuiciamento civil, según la que los jueves no están obligados a valorar las circunstancias personales y la proporcionalidad del caso.
España es el país de la UE en el que se ha incrementado más el gasto personal en vivienda, que ha pasado del 17,4% en 2005 al 23% en 2015, refleja el informe, que incluye que las provincias de Barcelona y Madrid, además de ver aumentar el precio de la vivienda, son las que concentran el 34 de los desahucios del Estado --y el 26% de la población total--.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios