En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha recordado que el Proyecto de Ley de Presupuestos tiene que estar presentado en el Congreso antes del 30 de septiembre, pero ha reconocido que las dificultades para sacar adelante la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno "hace difícil su aprobación en plazo".
A este respecto, ha recordado que la aprobación de los Presupuestos de 2016 ha permitido a España seguir manteniendo el ritmo de crecimiento a lo largo de este año, "pero no podemos vivir de la inercia", ha advertido.
Así, ha incidido en que de los PGE dependen muchas decisiones, así como la prestación de aproximadamente 14 millones de personas como pensionistas, funcionarios, etc., por lo que considera que la prórroga de los mismos en caso de que los del año próximo no estuvieran aprobados antes del 31 de diciembre no es una solución.
"Hay partidas que no pueden prorrogarse ni revisarse, por lo que muchos españoles se verán afectados", ha alertado, motivo por el que ha hecho un llamamiento para "que los españoles y sus bolsillos no tengan que pagar las consecuencias de que no haya Gobierno en España".
"LA FALTA DE GOBIERNO TIENE UN COSTE Y HABRÁ MUCHOS PERJUDICADOS".
Sáenz de Santamaría ha dejado claro que un Gobierno en funciones no puede presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni siquiera realizar los trabajos previos a su elaboración, como aprobar un techo de gasto, como tampoco puede aprobar un decreto ley con un amplio abanico de medidas presupuestarias para actualizar las prestaciones más perentorias.
"Un Gobierno en funciones no puede aprobar un decreto ley por la vía de atrás. Actuaciones de este tipo están vetadas", ha recalcado la vicepresidenta, que ha citado algunas de las cuestiones que podrían verse afectadas ante la imposibilidad de sacar adelante las cuentas del Estado de 2017.
Entre otros, ha citado el Plan de publicidad de medios o el Plan de Vivienda 2013-2016, cuya vigencia finaliza en los próximos meses". "La falta de Gobierno tiene un coste", ha remachado la vicepresidenta, quien ha advertido que aunque el Ejecutivo en funciones pueda recurrir a la "ingeniería jurídica" para evitar perjuicios en un contexto de ausencia de Presupuestos para 2017, "las cosas hay que hacerlas bien".
Así, ha insistido en que si el Gobierno en funciones enviase un proyecto de ley de los PGE a las Cortes sería "absolutamente ilegal e inconstitucional" al estar prohibido por la Ley de Gobierno, a lo que se suma que "nadie más" tiene iniciativa presupuestaria al corresponderle ésta solo a un Gobierno a pleno rendimiento.
Por ello, ha reiterado que la única manera de "tranquilizar a todo el mundo" es contar con un Gobierno constituido que pueda remitir los PGE al Parlamento, si bien ha apuntado que el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy hará "hasta donde pueda" para evitar, dentro de sus limitaciones, que afecte a los españoles, especialmente en materia de prestaciones y subvenciones.
Preguntada por la posibilidad de recurrir a algún resquicio legal en casos de urgencia para poder aprobar leyes, Sáenz de Santamaría ha apuntado que "la doctrina no es nada clara" y aunque algún caso podría solventarse, de una u otra forma habría "muchos perjudicados".
La vicepresidenta en funciones ha afirmado que la falta de Gobierno supone "un daño muy grande" por el asunto de los PGE, por la recuperación económica, por la imposibilidad de aprobar reformas o transponer directivas europeas y porque además persisten "problemas importantes", como el 'Brexit' o la necesidad de crecer en el ámbito europeo. "Es algo muy malo para el conjunto de los españoles", ha añadido.
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