El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha respondido a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, que "no ha abierto ninguna causa ni ha adoptado ninguna medida cautelar" contra el sindicato Manos Limpias sino contra su responsable, Miguel Bernad, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Pedraz se ha pronunciado de este modo después de que, el pasado 6 de mayo, la magistrada acordara librar exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional a fin de que remitiera testimonio "de las resoluciones o particulares" de las diligencias previas "relativas a la posible comisión de ilícito penal" de Manos Limpias "en el ejercicio de la acción de acusación particular" en la causa de los ERE.
Asimismo, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla le preguntó "si se ha adoptado medida cautelar alguna con respecto al propio sindicato y su actividad".
Así lo preguntaba la juez en la providencia donde volvía a dar por personado como acusación a Manos Limpias en el caso de los ERE tras la renuncia del abogado y el procurador que representaron a la organización desde casi el inicio de la causa en el año 2011, renuncia que se produjo tan sólo dos días antes de la operación 'Nelson' que concluyó con la detención del responsable de Manos Limpias, Miguel Bernad, y del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ambos encarcelados.
Tras ello, y en contestación al exhorto, la Audiencia Nacional remitió este mismo lunes un escrito a la magistrada en el que aclara que "no se ha abierto ninguna causa ni se ha adoptado ninguna medida cautelar" contra el sindicato Manos Limpias, sino contra su responsable, Miguel Bernad.
Y es que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una causa en la que investiga al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, quien considera que tuvo el "dominio total y completo" de una "trama criminal" dedicada supuestamente a extorsionar a empresarios y banqueros.
En este marco, y según expone el propio juez de la Audiencia Nacional en sus autos, Luis Pineda habría solicitado un millón de euros a cambio de que Manos Limpias retirara la acusación en los ERE contra el presidente de Unicaja, Braulio Medel, cuya causa ha sido archivada por el juez Álvaro Martín.
En este sentido, Unicaja ha rechazado reiteradamente haber realizado "pago alguno" a Manos Limpias, pues además la propia defensa de Medel pidió al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que "no se diera trámite" al escrito en el que Manos Limpias pedía el archivo de la causa en lo referente al presidente de esta entidad bancaria.
FIANZA DE 42.000 EUROS
La pasada semana, el juez Álvaro Martín impuso una fianza de 42.000 euros a Manos Limpias ante el "riesgo potencial" de acusación "infundada" que supone el recurso que ha presentado contra el auto en el que fueron procesados 26 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dentro de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos.
En un auto, el magistrado atendió de este modo la petición realizada por la defensa de dos ex altos cargos de la Junta, estableciendo que el pago de dicha fianza será una condición "necesaria" para la tramitación del recurso de apelación presentado por Manos Limpias ante la Audiencia Provincial de Sevilla en el que pide que vuelva a imputar a 15 de los 24 ex altos cargos de la Junta a los que exculpó el juez en el auto donde procesó a otros 26.
El magistrado argumenta que la conclusión de la fase de instrucción, "con la fijación de encausados y la resolución de sobreseimiento para varios imputados, genera un nuevo marco, en el que la pretensión de mantener la acusación apartándose del criterio que sostiene el Ministerio Fiscal debe valorarse como un riesgo para aquellas personas que la parte trata de mantener en la causa más allá de la investigación judicial ya realizada".
Al hilo de ello, señala que la sentencia del Tribunal Supremo que se invoca por Manos Limpias para oponerse a la fianza "no resulta de aplicación" al caso, ya que "se centra en el momento original de una causa, no en este otro, en el que se ha concluido la instrucción acordando sobreseer respecto a varios imputados, oponiéndose a ello la acusación popular, que pretende traerlos al procedimiento de manera que sí se genera un riego potencial de acusación infundada y de posible responsabilidad por ello, el cual ha de ser cubierto, en su aspecto económico", a través de la fianza.
El juez considera por ello "necesario" el pago de la fianza y, para su fijación, atiende de forma "prudente" al número de imputados para los que se acuerda el sobreseimiento y se pide por Manos Limpias el mantenimiento en la causa, que ascienden a 15. "Teniendo presente este número, se considera razonable establecer una fianza de 42.000 euros", explica.
En el auto, el magistrado concedió al sindicato un plazo de cinco días para que proceda a la constitución de la misma, apercibiéndole de que en caso de no verificarlo se le tendrá por desistido del recurso de apelación contra el auto de procesamiento dictado el día 31 de mayo, una decisión que será recurrida por Manos Limpias ante la propia Audiencia Provincial y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
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