La Fiscalía de Bolivia pidió el miércoles a Perú que entregue a los dos exabogados de Gabriela Zapata, la detenida expareja del presidente Evo Morales, quienes piden refugio político en Lima, y apeló a que actúe con reciprocidad.
"Ellos (los peruanos) lo que deberían hacer, el vecino hermano del país, es ponerlos en frontera a estos dos personajes, para que sean procesados por la justicia boliviana", afirmó el Fiscal General de Bolivia, Ramiro Guerrero.
La autoridad recordó que, en 2015, Bolivia entregó a Perú al exasesor del presidente Ollanta Humala, el empresario Martín Belaunde, a quien la justicia de su país acusaba de ejercer presiones en entidades públicas para favorecer en licitaciones a firmas privadas con las que estaba ligado.
La Paz confirmó que Wálter Zuleta y Willy Sánchez, exdefensores legales de la expareja presidencial, están en Perú y solicitaron refugio.
"Así como el gobierno boliviano actuó en el caso Belaunde, ellos (peruanos) deberían actuar de la misma manera, poniéndolos en la frontera a estos dos abogados que están de manera ilegal", señaló la principal autoridad del Ministerio Público.
Insistió que "no correspondería una solicitud, ni ninguna admisión de refugio, porque ellos no son perseguidos políticos, son personas que han cometido delitos en el país y deben responder".
Zuleta y Sánchez abandonaron Bolivia a mediados de mayo pasado, acusados de los delitos de trata y tráfico de personas por estar involucrados -según la Fiscalía- en la presunta suplantación de un hijo de Morales y Zapata.
El menor fue presentado por la defensa de Zapata ante un juez de Familia como el presunto hijo de ella con Morales, aunque luego la misma madre confesó que el niño falleció a poco de nacer en 2007.
La revelación de la relación de Morales con Zapata en febrero remeció a la opinión pública boliviana y le costó al gobernante la victoria en un referéndum, donde buscaba ser validado para postular a un cuarto mandato (2020-2025).
De acuerdo con las indagaciones, la expareja de Morales fue gerente comercial de la empresa china CAMC, que consiguió contratos con el Estado por unos 560 millones de dólares.
Zapata fue encarcelada poco después de que estalló el escándalo, como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito. El propio gobierno asegura que ella utilizó oficinas públicas para contactar a empresarios, mientras la oposición insiste en la versión de tráfico de influencias.
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