El sindicato calcula que la "connivencia" de la institución con la compañía que presidió el actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, le ha ahorrado "unos dos millones de euros" desde 2010.
Desde entonces, cuando la central exigió el cumplimiento de la resolución dictada en 2007, "no se ha llevado a cabo ninguna actuación por las autoridades competentes para obligar a la empresa a implantar el dispositivo que exige la legislación vigente y ni siquiera se le ha impuesto algún tipo de multa coercitiva para procurar la ejecución de lo acordado".
CCOO denunció por primera vez esta situación en 2007 a través de su responsable de Seguridad Privada apelando a una presunta vulneración de la legislación vigente. A finales de ese año, la Delegación del Gobierno entendió que "no precedía" abrir un expediente sancionador a la empresa al entender que la misma "cumplía los requisitos exigidos".
El sindicato elevó entonces un escrito a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que señaló que según su criterio "el servicio de seguridad privada en las instalaciones debía ser implantado a la mayor brevedad, prestado las 24 horas mediante vigilantes de seguridad armados".
A la vista de ese dictamen, según ha recordado CCOO este jueves en un comunicado, la Delegación revocó su posición inicial y, en febrero de 2008, acordó exigir a la petrolífera ese dispositivo de seguridad privada. Las alegaciones de la compañía fueron desestimadas por la Dirección General de Recursos del Ministerio del Interior en septiembre de 2009, poniendo fin a la vía administrativa.
"Siete años después, la petrolífera sigue sin acatar la resolución y en la actualidad solo dispone de vigilantes de seguridad sin arma en un turno, dejando el resto de la jornada el servicio de vigilancia en manos de personal de la propia empresa sin ninguna cualificación ni habilitación legal para ello", ha denunciado CCOO, que ha tildado de "connivente" con Ducar el proceder de la Delegación, "que sí ha obligado a otras compañías de la competencia como Atlas y a instalaciones como la planta desaladora a implantar el dispositivo de seguridad obligatorio".
"La exención del cumplimiento de la legalidad que se ha concedido de facto a Ducar es una forma de corrupción administrativa que le ha permitido un enriquecimiento al abaratar sus costes de producción durante el período señalado en unos dos millones de euros, vulnerando el interés general de los ciudadanos y el principio de igualdad ante la ley", ha concluido Comisiones.
Arias Cañete presidió la petrolífera entre 2005 y 2011, cuando fue investido ministro, y vendió las acciones que mantenía de Ducar hace dos años, justo antes de ser nombrado comisario europeo. La empresa tiene 14 tranques repartidos en dos plantas de almacenamiento en Ceuta capaces de albergar cerca de 120.000 metros cúbicos de gasoil y fueloil.
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