Según han informado este martes tras el Consell Executiu, el Gobierno les ha comunicado que ve indicios de inconstitucionalidad en diez de los 18 artículos de la ley, y este es el paso previo para que, dentro de seis meses como máximo, se presente un recurso de inconstitucionalidad y la petición de suspensión.
Según el Govern, el Ejecutivo central ha comunicado la intención de abrir un proceso de negociación en el marco de la Comisión bilateral para resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación a los artículos y disposiciones de la normativa catalana.
Los puntos cuestionados hacen referencia a los tres principales instrumentos de la norma: la mediación para las familias con casos de sobreendeudamiento, la expropiación de so de los pisos vacíos de entidades financieras y el realojamiento obligatorio en alquiler social.
La Generalitat considera "plenamente constitucional" la ley, que es fruto del trabajo en el que participaron entidades municipalistas, el Consejo de la Abogacía de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, tras la suspensión de la anterior Ley 24/2015 de emergencia habitacional.
La ley entró en vigor el pasado 30 de diciembre y el Govern ha desplegado recursos para aplicarla como jornadas de formación a las que han participado 1.100 técnicos de vivienda, servicios sociales y personal jurídico de administraciones catalanas, y ha elaborado guías y modelos administrativos para orientar sobre su aplicación.
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