El PP, único grupo que se ha opuesto a tramitar esta iniciativa, fue quien introdujo, cuando tenía mayoría absoluta, ese artículo 234 de la LeCrim que fija los plazos de duración de las investigaciones judiciales.
Aunque la admisión de la iniciativa se ha votado este jueves, el debate tuvo lugar el pasado martes. El dirigente de Podemos Rafael Mayoral defendió su texto alegando que derogar lo que denominan "ley Berlusconi" es un "compromiso adquirido con la ciudadanía" y pidió consenso al resto de grupos parlamentarios para que la modificación de la ley "llegue a los juzgados cuanto antes" para "desatarle las manos a los jueces y fiscales de nuestro país para que puedan luchar contra la delincuencia económica". De hecho, pidió aprobar esta reforma lo antes posible para que los procedimientos judiciales no "acaben en la papelera siendo impunes".
TAPAR LAS "VERGÜENZAS" DEL GOBIERNO
La socialista Ana María Botella resaltó que los plazos marcados en la ley responde a la "voluntad del Gobierno de tapar las vergüenzas del PP, acechados por casos de corrupción". Es más, señaló que "sin medios no hay justicia" y ha dudado de la efectividad que puede tener que en seis meses se decida abrir juicio oral o archivar una causa.
"Sólo contamos con que la Fiscalía pida la complejidad de la causa", indicó, al tiempo que incidió en que el Ministerio Público es "imparcial" pero "no está dotado de una total independencia".
En la misma línea, se pronunció la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, quien considera que el Gobierno consigue que "todo el poder judicial se rebele" en su contra por intentar controlar la Justicia.
El diputado del PNV, Mikel Legarda, sostiene que la investigación de una causa debe tener un tiempo limitado, pero apuntó que tampoco puede durar años debido a las consecuencias que puede tener para los investigados: "Una pena de banquillo no pude tener años de duración, salvo en un estado inquisitorial o policial. Debe tener un tiempo limitado, pero tampoco puede basarse en plazos que no pueden cumplirse", dijo.
Por su parte, la portavoz del PDeCAT, Lourdes Ciuró, dijo que los plazos marcados por ley son "extremadamente cortos" y que conllevan a la "inseguridad jurídica" y a que no se garantice la tutela judicial.
Del mismo modo, la portavoz de Justicia de ERC, Ester Capella, aseguró que el artículo en cuestión entra en contradicción con el 24 de la Constitución que dice que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".
"UN PASO ATRÁS"
El PP, por su parte, defendió que los tiempos vigentes favorecen a la existencia de una "justicia ágil y eficaz". "Cuántas veces hemos escuchado que la justicia lenta no es justicia", dijo Carlos Rojas, miembro de la dirección del Grupo Popular, quien recordó que el Gobierno ha aprobado más de 70 medidas contra la lucha contra la corrupción para conseguir que "quién la hace la pague".
Para el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, proponer un año y medio después la derogación del artículo 324 de la LeCrim supone "un paso atrás en la protección de los derechos fundamentales".
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