La Diputación aprueba instar al Gobierno a iniciar un nuevo pacto local consensuado con la FEMP

Además, se defiende a estas administraciones públicas y se insta a que se incluya en las reformas que se puedan llevar a cabo el papel de las diputaciones para garantizar la autonomía local de municipios menores de 20.000 habitantes y la cohesión y vertebración territorial de la provincia.

También se ha acordado que no se plantee ningún recorte de los servicios ni de la financiación de los consistorios y diputaciones españolas en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, además de que se consensúe una modificación legislativa que permita un uso del superávit más razonable y la flexibilización del techo de gasto para las corporaciones locales saneadas y que cumplan con la estabilidad presupuestaria.

Los puntos uno, dos, tres y cinco han sido aprobados por todos los grupos a excepción de Ciudadanos. Se ha modificado el número cuatro con respecto a ampliar al cien por cien la tasa de reposición del personal funcionario, acordándose, a instancias del PP, que ese porcentaje sea el máximo que permita la ley. Este punto no ha salido adelante por unanimidad.

PP y PSOE han defendido el papel de las diputaciones, mientras que IU ha incidido en que los servicios se sigan prestando, existan o no estas administraciones, y que su financiación "llegue a los ayuntamientos". Estas formaciones, junto con Málaga Ahora, han hecho una defensa del municipalismo durante sus intervenciones.

Ciudadanos ha insistido en que su propuesta sigue siendo eliminar las diputaciones, tal y como ha defendido la diputada Teresa Pardo, quien ha recordado que para el presupuesto de 2017 el Gobierno central, tras el acuerdo con su partido a nivel nacional, pretende recortar mil millones en estas administraciones.

En este punto, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha aclarado que en dicho acuerdo no se habla de las diputaciones concretamente sino de "eliminar duplicidades administrativas", con un recorte de 1.000 millones en 2017, 2.000 en 2018 y otros 2.000 millones en 2019. "Eso son muchas cosas y no sólo las diputaciones, cuando se matice aquello lo debatimos aquí", ha apostillado.

El portavoz socialista, Francisco Conejo, ha incidido en la importancia de estas instituciones supramunicipales y su papel de apoyo a los municipios menores de 20.000 habitantes, que no podrían prestar determinados servicios como la recogida de residuos sólidos urbanos o la extinción de incendios.

"El municipalismo ha constituido uno de los pilares de nuestro modelo de convivencia y de la articulación política de España. Los municipios han sido la base de la movilización social y la acción política y los gobiernos municipales el principal instrumento de integración y cohesión social", ha recalcado Conejo, quien ha incidido en el papel que prestan a las localidades más pequeñas y la garantía para fijar la población en el mundo rural.

Ahumada ha criticado los "discursos falsos de competencias" sobre las diputaciones mientras que la portavoz del equipo de gobierno del PP, María Francisca Caracuel, ha sostenido que si no existieran las diputaciones "habría que inventarlas".

Así, ha pedido que no se hable de nueva y vieja política sino de buena y mala política y ha celebrado la "coherencia" del PSOE sobre el papel de estas instituciones, que no tuvo, ha añadido, cuando su formación y Ciudadanos firmaron a nivel nacional un acuerdo al respecto.

"Si los servicios se están prestando y se hacen bien, sigamos con ello", ha manifestado Caracuel, quien ha añadido que el coste real de mantenimiento de las diputaciones "es mínimo y ningún otro ente que pudiera sustituirlo sería tan barato". Para Caracuel, hay que seguir adelante con la segunda descentralización "y el municipalismo es la asignatura pendiente".

MOCIÓN SOBRE SUBVENCIONES

Por otro lado, la moción de Ciudadanos sobre la mejora de los procesos de justificación de subvenciones ha salido adelante sólo en determinados puntos, acordándose la elaboración de un informe sobre aquellas ayudas no justificadas cuyo reintegro haya prescrito.

También se ha acordado que las entidades beneficiarias, excluyendo a los ayuntamientos, que no hayan justificado a tiempo alguna subvención concedida con anterioridad accedan a nuevas ayudas hasta que no procedan al reintegro, tal y como se establecía en la ordenanza general.

A fin de 2014 las ayudas sin justificar y que, además, se encontraban fuera de plazo ascendían a 77,7 millones de euros, según ha explicado el portavoz de la formación naranja, Gonzalo Sichar, quien además ha recordado que en enero de 2015 la institución modificó su ordenanza general de subvenciones suprimiendo dos artículos que impedían precisamente el pago a entidades que no hubieran "justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a la Diputación".

El reintegro de subvenciones prescribe por ley a los cuatro años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario o entidad colaboradora. Esto significa que muchas de las subvenciones no justificadas y sobre las que no se exige el reintegro a tiempo desde la Diputación están prescribiendo.

Los portavoces de Málaga Ahora e IU Para la Gente, Rosa Galindo y Guzmán Ahumada, respectivamente, han aludido a la falta de personal administrativo en los ayuntamientos, a los que no les da tiempo a justificar. "Los municipios cada vez tienen menos medios para atender toda la burocracia", ha dicho Ahumada.

Por parte del PSOE, el diputado Miguel Espinosa ha señalado que no entienden qué se quiere con esta moción, asegurando que cree que el equipo de gobierno del PP está atendiendo la justificación de las ayudas "porque así lo contempla la propia ley de subvenciones".

"Es motivo de reintegro la falta de justificación por lo que el espíritu de esa moción ya se está cumpliendo", ha opinado, mostrando la abstención de su grupo a los puntos dos y tres.

Por parte del equipo de gobierno, el vicepresidente primero, Francisco Salado, ha confirmado que el equipo de gobierno está ya realizando las tareas de justificación pero "no se hace con la premura que nos gustaría". "Eso requiere que todo el área se ponga a trabajar para eso y tenemos escasez de recursos humanos; cuando están con el Plan de Inversiones Financieras están en eso. Ya nos gustaría", ha opinado.

También ha aludido a que el punto número tres del texto, sobre el inicio de oficio de las acciones necesarias para conseguir el reintegro de todas las ayudas no justificadas fuera de plazo, a pesar de la explicación de Sichar, "es materialmente imposible de cumplir y más en estos momentos de confección del presupuesto".