EXRESPONSABLES DE LA GENERALITAT NIEGAN EL PAGO DE UN 3% A LA FAMILIA PUJOL POR LA GESTIÓN DE NÓMINAS

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha tomado declaración este lunes a varios exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña en relación a las comisiones presuntamente cobradas por la familia Pujol. Todos ellos han negado el pago de un 3% a cambio de la gestión del cobro de las nóminas de funcionarios y empresas públicas.
Los llamados a declarar eran Antonio Herce, exdirector de Ferrocarriles de la Generalitat; Antonio Paradell, exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasol); Francesc Xavier Ruiz del Porta, ex director general del Departamento de Hacienda, y Leticia Giraldi, tesorera del Instituto.
A estos cuatro antiguos cargos hay que sumar otras cuatro personas, también citadas para este lunes por el juez que investiga el 'caso Pujol'. Todos ellos han comparecido como testigos de la instrucción que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol Ferrusola.
En concreto, el magistrado quiere aclarar si los Pujol se beneficiaron de comisiones abonadas por las entidades bancarias que gestionaban el pago de las nóminas de los empleados públicos y de las que sacaban sustanciosos beneficios. De la Mata aceptaba así la petición del fiscal anticorrupción, que había solicitado las declaraciones.
La operativa para el supuesto cobro de estas comisiones fue denunciada ante la Policía por el exdirector de una oficina bancaria de Barcelona que apuntó la posibilidad de que la familia del expresidente de la Generalitat hubiera recaudado “grandes cantidades de dinero en efectivo para su patrimonio”.
El denunciante trabajó para el banco Natwest Mark entre los años 80 y 90. Esta entidad bancaria fue absorbida más tarde por el Banco Sabadell. Según su versión, esas nóminas generaban un rendimiento, de los que el banco daba "un porcentaje en efectivo".
Los testigos han negado el pago de comisiones, aunque si han admitido que hubo bonificaciones a la empresa por otorgar la gestión del dinero de las nóminas de alrededor de medio centenar de empleados.
El juez indicaba en su auto que “muchos de los capitales que pudieron acumular durante la época de mandato de Jordi Pujol Soley” al frente de la Generalitat podrían proceder, entre otras fuentes, de comisiones de la banca “por la cesión a las entidades financieras de seguros sociales de los funcionarios, del IRPF y saldos medios 'ociosos”, es decir, recaudaciones de los pagos que debían ir tanto a Seguridad Social como a Hacienda de diferentes empresas y del funcionario público.
Esas cantidades se mantenían con frecuencia “en la entidad durante un largo periodo de tiempo que producían beneficios a la banca, pagando la banca a las empresas y organismos públicos alrededor de un tres por ciento para hacerse con estos saldos 'ociosos'”.