Fiscalía rebaja la petición de cárcel para el exalcalde de Castro de Rei y retira la acusación de la exedil Ana Canto

El fiscal de la 'Operación Rey', sobre la supuesta adjudicación de contratación de obras y servicios públicos a empresas sin seguir los procedimientos reglados en el Ayuntamiento de Castro de Rei, ha rebajado este jueves la petición de pena de cárcel para el entonces regidor, Juan José Díaz Valiño, y ha retirado la acusación contra la exedil Ana María Canto.

En la última sesión de este juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Lugo, el Ministerio Público ha modificado sus conclusiones y ha cambiado la calificación de los delitos y las penas que pide para los acusados.

En este sentido, ha retirado la acusación de falsedad de documento público por parte de Díaz Valiño, por la que pedía cuatro años de prisión. Así, mantiene la petición de 10 meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias, por el que reclama una multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cargo público por cuatro años.

A mayores, mantiene la acusación de prevaricación administrativa, por la que pide una inhabilitación adicional de nueve años, y la de cohecho, con multa de 3.000 euros y dos años de inhabilitación.

Otro de los puntos relevantes de la intervención del fiscal ha sido la retirada de las acusaciones contra la exconcejala Ana María Mato, para la que pedía nueve años de inhabilitación.

Para el que era teniente de alcalde y que continúa como edil Roberto Lorenzo, y para el exconcejal Antonio Balado, el Ministerio Público mantiene la petición de nueve años de inhabilitación para cargo y empleo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Finalmente, para la secretaria municipal María José F.L. mantiene la acusación de falsedad en certificado, por la que pide seis meses de suspensión de empleo en cargo público, aunque ha retirado el delito de prevaricación urbanística.

ÚLTIMA JORNADA

Con la previsión de declaración de cerca de treinta testigos, la jornada de este jueves arrancó con las comparecencias de cargos o excargos políticos en la Diputación de Lugo que, de algún modo, estuvieron implicados en las adjudicaciones del mantenimiento de las carreteras de la provincia.

Así, el exdiputado de Vías y Obras Manuel Martíenz, la exdiputada de Economía Regina Polín y el exsecretario general de la Diputación,José Antonio Mourelle Cillero negaron que Díaz Valiño les expresase en aquel momento algún interés por adjudicar el mantenimiento de carreteras de la zona en la que se incluía su municipio a una empresa amiga. Además, afirmaron no tener constancia de que el exalcalde presionase a algún técnico sobre esta cuestión.

Martínez y Polín también fueron preguntados en calidad de alcaldes de Becerreá y Guitiriz, respectivamente, sobre si habían sufrido dificultades aquellos años para sacar adelante las adjudicaciones de las obras del Plan E. Ambos coincidieron al señalar los obstáculos para cumplir los plazos establecidos, en tanto que había "mucha obra pública" y las empresas no tenían capacidad para concurrir a tantos concursos en distintos ayuntamientos, en concordancia con las tesis expresadas el martes por los acusados.

Estos tres testigos, además del exconcejal de Castro de Rei Mario Saavedra, advirtieron de que los informes de los técnicos sobre las adjudicaciones siempre son públicos, por lo que cualquier empresario o ciudadano particular podía estar presente.

Con respecto a las irregularidades del conocido como edificio Marballe, en Castro Ribeiras de Lea, construido con anterioridad al mandato de Díaz Valiño, fue preguntado un arquitecto, que insistió en el ánimo del exalcalde de buscar una solución para las familias que habitaban las cuarenta viviendas del inmueble.

Sobre este mismo asunto fue preguntado, en calidad de testigo, el actual alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado -hermano del acusado Antonio Balado-, que hizo un relato de la actuación de su gobierno para la reposición de legalidad del edificio dentro de los marcos legales.