En un duro comunicado hecho público al término de la reunión, el órgano consultivo del Ministerio Fiscal señala que "la actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales".
Los fiscales reconocen el "enorme esfuerzo" desarrollado por los fiscales a lo largo de estos últimos meses, en condiciones muchas veces difíciles, revisando la tramitación de las causas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley.
INSTRUCCIÓN DE LAS CAUSAS
El Consejo Fiscal considera que el problema surge por la falta de atribución definitiva de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal.
"La Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye al titular del órgano jurisdiccional la dirección de la instrucción y al Letrado de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales-, el impulso y la custodia de los procedimientos", lamenta el Consejo Fiscal.
Considerando los medios actuales, los términos del artículo 324 "resultan de difícil o imposible cumplimiento, máxime en ausencia de la prometida instrucción al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia".
Añaden los fiscales que, con la información disponible, las fiscalías "no pueden conocer el cambiante volumen de asuntos pendientes en los juzgados españoles, datos que sólo constan en cada uno de ellos de modo que no es posible asegurar con certeza que a 6 de junio se hayan revisado todas las causas en tramitación, ni que el control pueda seguir realizándose en el futuro de manera completa".
Por ello, concluye el Consejo Fiscal, es necesario que "se adopten las medidas adecuadas para corregir esta situación", si bien no apuntan cual pueden ser éstas.
Este asunto ya fue tratado en las últimas reuniones del Consejo Fiscal -- las del pasado 16 de marzo y 25 de abril-- después asociaciones como la Unión Progresista de Fiscales (UPF) mantengan su queja por la carga de trabajo que esta clasificación les ha supuesto tras la recepción de los Oficios procedentes de la Inspección Fiscal y la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado en relación con el plan de control de las causas.
Este martes, la UPF remitió un informe a la Fiscalía General del Estado en el que asegura que es imposible cumplir con el plazo indicado del 6 de junio. En este sentido, señala que una de las causas de la imposibilidad de cumplir el mandato legal es la nula colaboración recibida por los letrados de la administración de Justicia.
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