Según ha informado la Conselleria de Empresa en un comunicado, el Govern, a través de este departamento, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona que le acepte como acusación, basándose en las competencias de la Generalitat en protección y preservación de los recursos turísticos y de "protección de la imagen de Catalunya como una marca turística".
El Govern recuerda que la legislación establece que las administraciones han de proteger los derechos e intereses de los usuarios turísticos, que "incluyen tener garantizada su seguridad y las de sus bienes en los establecimientos y servicios que utilizan".
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