El presidente de la Asamblea Nacional Ayaz Sadiq, ha confirmado que el proyecto ha sido presentado por el ministro de Justicia, Zahid Hamid, agregando que la votación tendrá lugar este martes, según ha informado la cadena de televisión local Geo TV.
Los tribunales militares especiales han sido motivo de tensiones entre el Gobierno y la oposición, que denuncian el excesivo secretismo en torno a los mismos.
El plazo de ejercicio de estos tribunales, establecidos por el Gobierno a principios de 2015 de forma provisional, finalizó en enero. Las autoridades argumentan que estos tribunales son necesarios debido a la ineficiencia de la Justicia civil.
Las cortes militares fueron establecidas por el Parlamento de Pakistán a principios de 2015, en respuesta a un ataque perpetrado por talibán contra una escuela militar, que causó la muerte de 134 menores.
Los parlamentarios aprobaron el establecimiento de los tribunales especiales, pero incluyeron en el decreto una cláusula de expiración, para que no pudieran mantenerse activos de forma indefinida.
En su momento, el Gobierno argumentó que la Justicia ordinaria era demasiado lenta como para ocuparse de los casos de terrorismo, ya que muchos jueces, por temor a las represalias de los terroristas, alargaban y retrasaban los veredictos.
Un total de 275 casos han sido juzgados por las cortes militares, y más de doce personas han sido ejecutadas como consecuencia de dichas sentencias. Las cortes especiales han condenado a 161 personas a la pena de muerte y a más de cien a cadena perpetua.
HRW PIDE AL GOBIERNO QUE RETIRE ESTOS TRIBUNALES
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha publicado este mismo lunes un comunicado para reclamar al Gobierno que retire su propuesta de mantener estos tribunales.
"El Gobierno paquistaní tiene una responsabilidad de juzgar a los que perpetran ataques violentos, pero los tribunales militares secretos y que violan los derechos ponen en duda que se haga justicia", ha dicho el director de HRW para Asia, Brad Adams.
"Generar confianza en el sistema criminal de Pakistán y ceñirse al estado de Derecho significa llevar a los responsables de ataques contra tribunales civiles independientes e imparciales", ha recalcado.
En este sentido, la ONG ha resaltado que restaurar los tribunales militares supondría una violación de las obligaciones del país a nivel de Derechos Humanos.
Por ello, Adams ha insistido en que "negar a los ciudadanos un juicio justo no es una bala de plata para solucionar los complejos desafíos de seguridad a los que hace frente Pakistán".
"Fortalecer los tribunales civiles y defender el estado de Derecho es el mensaje que el Gobierno paquistaní debería mandar como respuesta efectiva y poderosa a las atrocidades de los milicianos", ha remachado.
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