Una semana y 2.000 millones de euros extra para las CCAA después, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha encontrado con un nivel de rechazo autonómico muy similar a la senda de ajuste presupuestario planteada para los próximos tres ejercicios.
La maniobra de volver a someter a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -que reúne al Gobierno y a las comunidades autónomas para debatir y resolver los asuntos presupuestarios que les competen- la senda de ajuste presupuestario de las Administraciones Públicas españolas para el periodo 2018-2020 tras la decisión unilateral de Hacienda de ofrecer un margen extra de déficit de una décima del PIB (algo más de 1.000 millones de euros) para los años 2018 y 2019 no ha alcanzado el consenso perseguido, aunque sí ha variado el signo del voto de dos CCAA: Extremadura y Canarias, por motivos bien diferentes.
El caso de Extremadura es el más controvertido. La consejera de Hacienda de Fernández Vara rompió la unidad de criterio de las autonomías socialistas, que manifestaron nuevamente su rechazo a la hoja de ruta presupuestaria planteada por el Gobierno, pese a la certeza de que dispondrán de varias decenas de millones de euros extra para gastar en los presupuestos de 2018 y 2019.
Al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, le tocará a buen seguro explicar su controvertida decisión, que le granjeará críticas en Ferraz pero que también le permitirá resolver algún que otro problemilla local, especialmente con la plantilla de empleados públicos.
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Canarias había manifestado su apoyo previamente bajo la condición de obtener cierto margen para invertir esos recursos extra toda vez que ya cumple el objetivo de déficit marcado por el Gobierno, del mismo modo que se ha acordado para los ayuntamientos. Canarias mantuvo su compromiso de votar a favor, pero según los consejeros presentes nada dijo el Gobierno sobre liberar a las CCAA -y, por tanto, a Canarias- de las restricciones que establece la regla de gasto que limita la inversión autonómica.El PP impone su mayoría
Las nuevas metas han sido aprobadas con el voto a favor del Estado, las CCAA del PP, Canarias y Ceuta y Melilla, frente al voto en contra de todas las regiones socialistas, salvo Extremadura, que se ha abstenido, y Cantabria, mientras que Cataluña no ha podido votar porque no ha asistido el consejero de Hacienda.
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El Gobierno había retirado el proyecto de ley sobre el techo de gasto del Congreso para volver a iniciar el proceso y presentar su nueva propuesta, que eleva del 0,3% al 0,4% el objetivo de déficit de las CCAA para 2018, del 0% al 0,1% en 2019 y mantiene la meta de equilibrio para 2020.
En concreto, han vuelto a votar en contra de la senda 2018-2020 todas las comunidades socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia), salvo Extremadura, que se ha abstenido, y Cantabria, mientras que Cataluña no ha podido votar porque no ha asistido el consejero de Hacienda. Han votado a favor de los nuevos objetivos Canarias, que en el anterior CPFF del 29 de junio se había abstenido, y todas las regiones en las que gobierna el PP (Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia), además de Ceuta y Melilla.
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El cambio en el voto de Canarias se produce después de que ayer Montoro se comprometiese a que el superávit que este año puedan conseguir las islas se destine a inversiones productivas.
La décima de margen que otorga Hacienda a las CCAA en 2018 y 2019 la costeará la Seguridad Social gracias a los "buenos datos" de las cotizaciones, así como de los nuevos ingresos que se derivarán del aumento de las cotizaciones como consecuencia de la subida salarial que se fije en la negociación colectiva.Una inyección extra de 1.200 millones
El Gobierno acudió este viernes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con una buena noticia para las CCAA en el orden del día. Cerrados los datos de ingresos correspondientes al año 2015 resulta que a las autonomías les corresponden 1.200 millones de euros más de los inicialmente liquidados dentro de la cuota que les corresponde en el reparto de ingresos que recauda el Estado.
La alegría no es completa, al menos para las comunidades autónomas que no cumplen sus objetivos de déficit, porque no podrán destinar esos recursos extra a lo que quieran sino que tendrán que usarlos en buena medida para reducir su déficit.
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