El pasado 25 de mayo, los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Josep María Álvarez, presentaron en el Congreso y ante el organismo arbitral las 700.000 firmas de respaldo a su propuesta de una renta mensual de 426 euros que cobrarían los 2,1 millones de familias que viven bajo el umbral de la pobreza en España.
La JEC ha comunicado ya a la Cámara Baja que la iniciativa legislativa popular cumple los requisitos legales exigidos para se admitida, por lo que ya podrá ser incluida en el orden del día de una sesión plenaria de la próxima legislatura para que los diputados debatan si acceden o no a que inicie su tramitación parlamentaria.
COMPATIBLE CON OTRAS RENTAS
La idea de las plataformas sindicales es que esta ayuda, equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) sea compatible con otras rentas --salvo las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social-- siempre que no superen el 75% del Salario Mínimo sin pagas extraordinarias.
Según CC.OO. y UGT, aplicar esta renta mínima costaría 11.000 millones al año, equivalentes al 1% del PIB, a financiar vía impuestos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y beneficiaría a unos 6 millones de ciudadanos, que podrían recibirla sin límite de plazo mientras se cumplan los requisitos estipulados.
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