La Infanta, absuelta tras cinco años de periplo judicial y constante foco mediático

la Infanta Cristina ha resultado absuelta de los delitos de cooperación necesaria en el fraude fiscal cometido por su marido Iñaki Urdangarin en el caso Nóos tras un largo periplo judicial y de continua exposición mediática que comenzó hace unos cinco años, cuando su esposo fue imputado por el juez instructor de la causa, José Castro. La acusación popular representada por Manos Limpias pedía para ella 8 años de prisión.

Cristina de Borbón únicamente, y a petición de la Fiscalía, ha sido declarada responsable civil subsidiaria en la causa por un total 265.088,42 euros, una cantidad que debe abonar de forma solidaria con su marido. En realidad le tendrá que ser devuelto dinero, pues ya depositó durante la fase de instrucción 587.413 euros en concepto de responsabilidad civil.

Todo empezó cuando, tras estallar el caso Palma Arena, se desgajaron las pesquisas relacionadas con Nóos. En noviembre de 2011, tras el registro de la sociedad, se conoció que la infanta figuraba como vocal en el Consejo de Administración del instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon y desde ese momento comenzó a especularse sobre su implicación en la causa.

Dos años después de que su nombre apareciese en el foco de las investigaciones del caso Nóos, la infanta Cristina se enfrentó a uno de los peores momentos de este proceso judicial al tener que declarar como imputada por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales ante el instructor del caso el magistrado José Castro.

La declaración, prevista para el 8 de febrero de 2014, se convirtió en uno de los episodios más mediáticos del año con cerca de 300 periodistas acreditados que desde primera hora de la mañana aguardaban en los juzgados la llegada de la infanta. Pasaban las 9.45 cuando hizo su entrada en el lugar a bordo de un Ford Focus que bajó la ya famosa rampa de los tribunales y la dejó en la puerta evitando el temido 'paseíllo' hasta la puerta.

Durante siete horas de interrogatorio, Castro le formuló centenares de preguntas todas ellas relacionadas con su actividad dentro del Instituto Nóos, de la mercantil Aizoon --propiedad de la infanta y de Iñaki Urdangarín-- y de los negocios que le llevó a su marido a reunirse con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el exjefe del Ejecutuvo balear Jaume Matas, también investigado en la causa.

Por su parte, la Infanta respondió al juez con unas 579 evasivas sobre su papel al frente de la sociedad Aizoon, de la que era copropietaria junto a su marido. Entre las imprecisiones en que incurrió, unas 412 veces dijo "no lo sé" a las preguntas que le formularon, mientras que unas 82 señaló "no lo recuerdo". El resto de evasivas las saldó con 58 "lo desconozco", siete "no me consta", siete "no lo sabía" y un "no tenía conocimiento", entre algunas otras.

Sus respuestas fueron por lo tanto muy ilustrativas sobre cual sería su estrategia de defensa dos años después en el juicio del caso, y se centraron en mostrar auténtica confianza al que fuera Duque de Palma, por un lado, y en el desconocimiento acerca de que los gastos en los que incurrió la sociedad cuya titularidad compartía con su marido pudieran haber servido para defraudar a Hacienda.

GASTOS PERSONALES EN LA VISA DE AIZOON

Así pues, la infanta insistió que desconocía que su servicio doméstico estaba contratado a través de Aizoon y que la tarjeta Visa que disponía de esta sociedad la empleó sin que este hecho supusiera para ella algo irregular. En concreto, entre los datos arrojados a lo largo de la instrucción de la causa por parte de la Agencia Tributaria consta el importe de hasta 698.824 euros que los Duques destinaron desde su sociedad a gastos estrictamente particulares

No obstante dijo ante el magistrado instructor que, como socia al 50 por ciento de la sociedad Aizoon, en ningún momento se sintió como un "escudo fiscal" frente al fisco. La Fiscalía Anticorrupción apuntó que esta mercantil era una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

Esta postura chocaba por lo sostenido por el juez, quien, en por el que imputó a la hija del Rey por presunto delito contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, apuntó que la adquisición por parte de la encausada de la mitad de esta empresa tenía como objetivo una "aspirada protección fiscal".

EL JUICIO SIN SER YA DUQUESA

En junio de 20015 la Infanta sufrió otro duro revés cuando su hermano, el ya Rey Felipe VI, revocó su título de Duquesa de Alba, si bien conserva aún el sexto lugar en la línea sucesoria de ascendencia al trono de España.

Tuvieron que pasar dos años desde el 'paseíllo' por la cuesta que da acceso al juzgado de Castro para que, en enero de 2016 comenzara la vista oral que sentó a Cristina de Borbón en el banquillo de los acusados convirtiéndose en la primera persona de la realeza que se ha enfrentado a un juicio. En su declaración en calidad de acusada en la Audiencia Provincial de Palma a principios del mes de marzo, la infanta Cristina sostuvo los mismos argumentos esgrimidos ante Castro.

En este caso únicamente respondió a las preguntas de su letrado, Pablo Molins, negándose de esta manera a hacerlo a las de la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, y a las del resto de partes personadas. Manos Limpias, en calidad de acusación particular solicitaba ocho años de cárcel para la exduquesa como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales que habría cometido su marido en 2007 y 2008 a través de la mercantil.

Durante su declaración, la Infanta hizo hincapié en que no tuvo conocimiento fiscal o contable y explicó que era su marido quien se "encargaba de las gestiones económicas de la familia" y el que, además, adoptaba las decisiones en Aizoon bajo la tutela de su asesor fiscal.

De hecho, subrayó, mediante respuestas escuetas y tajantes, que "no tenía firma ni poderes" en la empresa como tampoco podía acceder al saldo de las cuentas de la sociedad y que el contrato de arrendamiento del despacho de la sociedad se debió a una "equivocación".

Durante el juicio la infanta insistió en demostrar que carecía de conocimiento fiscal o contable y que era Urdangarin, el que se "encargaba de las gestiones económicas de la familia". Incluso expuso ante el tribunal que Aizoon se constituyó con el objetivo de "canalizar los ingresos profesionales" de su marido y que ella poseía el 50 por ciento de la sociedad porque así se lo pidió su esposo.