En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado de que este trámite formal es de obligado cumplimiento pero queda a expensas de que el Consejo de Ministros fije su regla de gasto y, por tanto, la asignación de recursos a la comunidad autónoma para el próximo año, de ahí que lo vea como una "incoherencia" porque no cuenta con la información suficiente para elaborarlo.
Ha explicado que "para cumplir con esta formalidad", la Junta ha utilizado el mismo tipo de acuerdo de años anteriores, "fijándolo en la base del 2012, que se tiene que ir actualizando en función de las transferencias y de los parámetros que determinan el límite de gasto".
Y es que, entre otras obligaciones, la Ley Orgánica 2/2012 establece que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales deben aprobar antes del 1 de agosto un límite máximo de gasto no financiero, coherente con los compromisos de estabilidad y los recursos provenientes del modelo de financiación autonómica, que marque el techo de asignación de recursos de sus respectivos presupuestos.
No obstante, la titular andaluza del ramo ha advertido de la dificultad que supone hacerlo porque "en los últimos años no se dispone de la información correspondiente a cómo se va a comportar el modelo de financiación para las comunidades autónomas".
Así las cosas, ha indicado que para su fijación se excluyen las transferencias vinculadas a la financiación de las corporaciones locales --por participación en los tributos de la comunidad-- y las finalistas de otras administraciones públicas --por fondos europeos y estatales o por el Fondo de Compensación Interterritorial--.
PIDE EXPLICACIONES POR EL "CERROJADO" A LOS PGE
De otro lado, Montero también se ha referido al cierre adelantado a julio de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 y ha vuelto a exigir explicaciones al Ejecutivo de Mariano Rajoy por una circunstancia que "preocupa mucho a Andalucía".
La titular del ramo ha advertido de que este "cerrojazo" de las cuentas estatales "no tiene precedente" en el ámbito de las administraciones públicas y pone en riesgo un total de 533 millones de euros que debe recibir Andalucía por inversiones finalistas.
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