Un juez del Tribunal Supremo de Brasil ordenó el lunes instalar una comisión de impeachment del vicepresidente Michel Temer, similar a la que podría costarle el cargo a la presidenta Dilma Rousseff, abriendo así un nuevo frente en una crisis sin fin.
Rousseff, por su lado, aplazó una reforma ministerial hasta después de que sus aliados declarados, que obtendrían más espacio en el nuevo gobierno, le permitan salir airosa del procedimiento de destitución impulsado por la oposición en el Congreso.
"El palacio [presidencial] de Planalto no pretende realizar ninguna reestructuración ministerial antes de cualquier proceso de votación en la Cámara. No tocaremos nada ahora", dijo la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) a la prensa, tras efectuar una visita a la Base Aérea de Brasilia.
Esa decisión, adelantada por el diario O Globo, se debería al "miedo a las traiciones" en el momento en que cada diputado se pronuncie, hacia mediados de mes, sobre la conveniencia de abrir un juicio político a la mandataria.
La coalición se vio fragilizada la semana pasada, después de que el partido centrista PMDB, al que pertenece Temer, rompiera su alianza de más de una década con el PT.
En la encrespada partida que se juega en torno a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) emitió el martes una medida cautelar que ordena al presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, instalar una comisión para estudiar un pedido de impeachement contra Temer.
Cunha lo había archivado la víspera, pero según el juez Marco Aurélio Mello esa decisión "no respetó la configuración legal" del procedimiento.
Temer sería sospechoso de haber incurrido en las mismas irregularidaes que le imputan a Rousseff: haber autorizado créditos incompatibles con las metas presupuestarias, sin la autorización del Congreso, para manipular las cuentas públicas.
Pero Cunha consideró que Temer los había aprobado antes de que se revisaran las metas, en tanto que Rousseff lo hizo después. Un argumento que no convenció al magistrado del STF, aunque Cunha puede aún recurrir la intimación.
Cunha, segundo en la línea sucesoria de Rousseff, está en la mira del STF, por sospechas de que recibió al menos cinco millones de dólares en sobornos procedentes de la red corrupta que desangró a la estatal Petrobras.
La defensa de Rousseff lo acusó el lunes de haber aceptado el pedido de impeachment (juicio político) contra la presidenta por "venganza", dado que el PT votó en su contra en una comisión de ética de la cámara que investiga si ocultó a sus colegas cuentas en el exterior, un proceso que podría costarle el cargo.
Rousseff denuncia un "golpe de Estado" institucional en las tentativas de impedirle llegar al fin de su mandato, a fines de 2018.
Un número creciente de voces propone, para salir de esta grave crisis que se desdobla en una profunda recesión económica, que se convoquen a nuevas elecciones, algo que según la Constitución solo podría ocurrir si tanto Rousseff como Temer pierden sus mandatos.
Entre esas voces se cuenta la de la exministra de Medio Ambiente Marina Silva, que llegó tercera en la elección presidencial de 2014.
La justicia electoral estudia por su parte una denuncia de que la campaña electoral de Rousseff-Temer de 2014 recibió dinero procedente del megafraude de Petrobras, lo que podría anular la elección de la fórmula.
Rousseff espera asimismo que el STF desbloquee el nombramiento como jefe de gabinete de su mentor y predecesor Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), investigado por presunta ocultación de bienes en el megaescándalo de corrupción de Petrobras.
Incluso, sin ocupar formalmente un cargo ministerial, Lula es el motor de las negociaciones para recomponer la base aliada y salvar a su heredera política del impeachment.
El magistrado que planteó la cautelar contra Lula dijo el martes que el STF podría tratar el caso en su sesión plenaria de la semana próxima.
Una semana que se anuncia cargada de tensiones e incertidumbres para el destino de la joven democracia de la mayor economía de América Latina.
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