Justicia confía en que el plan secesionista catalán no afecte a la implantación de un sistema de gestión procesal común

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 presentados este martes por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados destina 1.700 millones de euros a Ministerio de Justicia, de los cuáles se prevé que más de 128 millones de euros se dirijan a la transformación digital de la Justicia.

Según estas fuentes, el Ministerio tiene la intención de invertir unos 27 millones de euros en la implantación de una única aplicación en todo el territorio español para que todos los trabajadores y funcionarios de este sector puedan comunicarse de forma electrónica. Hasta ahora, cada Comunidad Autónoma con competencias en la Administración de Justicia ha puesto en funcionamiento su propio sistema de gestión de los procedimientos judiciales.

PROPUESTA INTEGRADORA

Sin embargo, para el Ministerio que dirige Catalá, uno de los retos a llevar a cabo en esta legislatura es conseguir que todas las regiones utilicen la misma aplicación. Fuentes del Ministerio han explicado que este proyecto aún no está cerrado, ya que tiene que ser consensuado con los consejeros autonómicos en materia de Justicia, pero que se confía en que se ponga en marcha porque supone una "propuesta integradora".

Asimismo, han destacado que no creen que el plan de desconexión de Cataluña, ni la actual "coyuntura política" afecte a este proyecto que se enmarca dentro de la transformación digital. Aún así, han apostillado que hay que convencer a todas las comunidades autónomas con "datos y hechos" de que tener un sistema de sistema procesal común es "estratégico".

Por otro lado, parte de estos presupuestos, que han sido pactados con Ciudadanos y que reflejan el compromiso para financiar la Justicia que se fijó en el acuerdo para lograr la investidura del PP, según han enfatizado las mismas fuentes, se destinarán a crear 100 nuevas plazas para jueces y fiscales, las mismas que las previstas en 2015.

Esto supondrá un incremento de la plantilla, pues en los últimos años no se han jubilado muchos de ellos gracias a que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial retrasó la edad de jubilación hasta los 72 años.