Juzgan en Andalucía a 153 personas en 21 casos de corrupción entre julio de 2015 y septiembre de 2016

En conjunto, se abrió juicio por corrupción contra 1.378 personas de 166 casos y Andalucía es la segunda región con más supuestos corrupctos juzgados, solo por detrás de Cataluña, que duplica el número de encausados del territorio andaluz, con 202.

Les sigue Madrid -145-, Canarias -105-, y Cantabria -100-. Comunidades con casos de corrupción más mediáticos, como Valencia -51- o Galicia -20-, registran un menor número de implicados debido quizá a que los autos de procesamiento de estos procedimientos no entran en el periodo estudiado. Por ello en la estadística tampoco aparece ningún aforado afectado por corrupción ante el Supremo -la estadística ha dejado fuera por fechas al exconsejero Franscec Homs- y en la Audiencia Nacional los imputados por corrupción 272.

Por número de procedimientos lidera el ranking Andalucía (con los mencionados 21 procesos), y le siguen Valencia (20), Cataluña (27) y Castilla-La Mancha (15). La Audiencia Nacional mantiene abiertos 11 procedimientos por corrupción en el mismo periodo.

De los 99 procedimientos que en todo el país finalizaron con sentencia en ese periodo, el 72,7 por ciento lo fue con una resolución condenatoria y las sentencias que han adquirido firmeza en estos cinco trimestres han supuesto la condena por delitos de corrupción de 399 personas.

En el acto de presentación de este jueves han estado presentes la práctica totalidad de presidentes de tribunales superiores de justicia de España, representantes de los letrados de la administración de justicia, procuradores, magistrados, fiscales y vocales de este órgano, ante quienes Lesmes y la vocal Mar Cabrejas explicaron este nuevo instrumento, que se actualizará cada trimestre y que podrá ser consultada en la web de este órgano www.poderjudicial.es.

DELITOS DE CORRUPCIÓN

Antes de llegar aquí, tal y como ha explicado Lesmes, el órgano de gobierno de los jueces tuvo que limitar qué delitos entendería que son corrupción, siendo los más frecuentes los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación, organizar los datos y crear esta base cuyo principal objetivo es recuperar la confianza del ciudadano en la justicia.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos tienen su traducción en el Código Penal en un amplio listado de delitos que incluye la prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), la prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), el cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), el tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), la malversación (art. 432, 433, 434 y 435) y los fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438).

También se han tenido en cuenta para elaborar esta estadística las causas por las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

La información procede de los boletines estadísticos de los órganos judiciales, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña.

Se trata de información estadística que pretende ofrecer una "foto fija" de la corrupción pública en España por lo que los datos ofrecidos por el CGPJ no incluyen ni los casos ni las personas que fueron procesadas con anterioridad al inicio de este estudio. Los datos se incluyen desde el 1 de julio de 2015,fecha en la que entró en vigor la adenda a los boletines estadísticos que cumplimentan los letrados de la Administración de Justicia de cada órgano judicial

AMENAZA A LA DEMOCRACIA

Para Lesmes, la gravedad de la corrupción no sólo está en el hecho delictivo, "sino en la seria amenaza que representa para los principios de la democracia, ya que socava la credibilidad de las instituciones y afecta a la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes".

El presidente del Poder Judicial ha añadido que "los jueces españoles están demostrando compromiso público constante en esta lucha. Nuestros jueces y magistrados están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles". Se refería con ello a la existencia de " veladas acusaciones de falta de imparcialidad", frente a las cuales está "la realidad", porque "el Poder Judicial se limita a actuar en cada caso concreto".

Esta fuente de información, con ello el Poder Judicial quiere hacer patenta su compromiso frente a la corrupción, cumpliendo un compromiso adquirido al inicio del actual mandato del CGPJ en 2014. Así se comprometió Lesmes en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Para Cabrejas el trabajo realizado "ofrece una visión clara del Poder Judicial como independiente e imparcial" si bien aún es pronto -ya que sólo se cuenta con datos pertenecientes a cinco trimestres- para realizar un análisis de la evolución de este fenómeno. La finalidad del CGPJ es traducir la labor de todos los operadores jurídicos en datos concretos.