De esta manera, Manos Limpias ha elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla su escrito de acusación en esta parte del caso, en el que señala que se adhiere "sustancialmente" al escrito acusatorio del Ministerio Público, con una única excepción relativa a una prueba documental que interesa la Fiscalía.
En su escrito, fechado este pasado martes 11 de octubre y consultado por Europa Press, Manos Limpias remarca que pretende "defender a la sociedad civil, sin propagandas, búsqueda de titulares en prensa ni acusaciones exorbitantes o draconianas que perjudiquen gratuitamente a ciudadanos sobre los que debe prevalecer su presunción de inocencia", y que, "una vez analizado el sesudo y atinado escrito de acusación formulado por el Ministerio Público, no podemos sino adherirnos en sustancia al mismo" con la excepción citada.
Manos Limpias considera que "no queda justificado desde el punto de vista acusatorio mayor penalidad que la solicitada por el Ministerio Público ni deben los acusados pechar con mayor gravamen que el peticionado".
La organización se muestra disconforme con que "a los acusados a quienes se imputa un delito de prevaricación y frente a quienes se interesa una pena de inhabilitación, no se les exija responsabilidad civil alguna, reclamándose ésta en exclusiva a los presuntos autores del delito de malversación", si bien mantiene su adhesión a la calificación de la Fiscalía porque "la acusación popular, que ejercita la acción penal en el proceso sin tener la condición de perjudicado ni de ofendido por el delito, carece de legitimación activa para deducir pretensiones de responsabilidad civil, ni siquiera a favor de terceros", según recuerda.
Además, Manos Limpias recuerda que "se encuentra en trámite nuestra apelación contra el auto de 31 de mayo anterior, que decretaba el sobreseimiento de la causa" respecto, entre otros, a los exconsejeros Antonio Ávila, Manuel Recio y Martín Soler.
ESCRITO DE LA FISCALÍA
Cabe recordar que, para Griñán, a quien la Fiscalía achaca presuntos delitos continuados de prevaricación y de malversación de caudales públicos, el Ministerio Público pide en concreto diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por el primero de los citados delitos y seis años de cárcel y otros 20 años de inhabilitación absoluta por el segundo.
Anticorrupción también pide penas de ocho años de cárcel para los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, seis años de prisión para la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y diez de inhabilitación a los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
En su escrito de acusación, emitido este jueves y recogido por Europa Press, la Fiscalía solicita en total la apertura de juicio oral contra 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, además de Chaves y Griñán; el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías; la exministra de Fomento Magdalena Álvarez a cuenta de su papel como consejera de Economía y Hacienda; la también exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el también exconsejero de Empleo José Antonio Viera; el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera como sus sucesores en dicho cargo; y los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas.
También pide la apertura de juicio oral contra los exviceconsejeros de Innovación Gonzalo Suárez Martín y Jesús María Rodríguez Román; el exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro Carmona; el ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; el ex secretario general de Trabajo Javier Aguado Hinojal; la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano Peña; el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez; los ex directores generales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos, y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río Muñoz.
DELITOS DE PREVARICACIÓN PARA 26 Y MALVERSACIÓN PARA 18
La Fiscalía Anticorrupción atribuye el mencionado delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a los expresidentes Chaves y Griñán, a los exconsejeros Zarrías, Viera, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, a los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, a los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y al resto de los 26 ex altos cargos para los cuales se solicita la apertura de juicio oral.
En cuanto al delito continuado de malversación, atribuido a 18 de los 26 ex altos cargos, la Fiscalía pide ocho años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por 20 años, para Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete Rolloso.
Por este mismo delito, solicita seis años de cárcel con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por 20 años, para Griñán, Carmen Martínez Aguayo, Justo Mañas, Daniel Alberto Rivera Gómez, Manuel Gómez Martínez y Antonio Valverde Ramos.
La Fiscalía pide que los presuntos autores del delito de malversación respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales del programa 31L y 22E por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden en conjunto a 741,59 millones de euros.
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