MADRID. DE LA ROCHA Y EL PP DISCREPAN SOBRE SI LA OBRA DE LA M-30 FUE LEGAL O NO

El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, discutió hoy con el abogado y expolítico Manuel de la Rocha sobre la legalidad de la obra de la M-30, que para éste fue ilegal por no haber pedido estudios de impacto ambiental, pero para el PP no, puesto que la UE admitió posponerlos y finalmente se convalidaron.
En su comparecencia en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre las obras, De la Rocha, que tramitó los recursos del PSOE a las obras, denunció lo que a su modo ver fueron “fraudes de ley”. Por un lado, la cesión de la M-30 del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento con la única finalidad de que pasara a ser vía urbana y eludir la literalidad de la Ley de 2002 de la Comunidad sobre carreteras; por otro, el troceamiento de la obra para que cada tramo no superara los 5 kilómetros de longitud para los que la ley autonómica exigía evaluación de impacto ambiental.
Con cierta ironía, alabó la “habilidad” del entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón de llegar a un acuerdo con la Comisión Europea para que se pudiera proceder con las obras mientras se realizaba el estudio medioambiental, gracias a la extraña figura jurídica de la “convalidación en curso”, para luego revocar el Tribunal de Justicia europeo sus propias anulaciones.
A preguntas del concejal de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, De la Rocha acusó al Gobierno de la Comunidad de “ponerse de perfil” para no obligar al Ayuntamiento a cumplir su normativa ambiental, y no entró a comentar si los jueces deberían haber suspendido cautelarmente las obras. Pero, exigiendo la evaluación de impacto ambiental y arqueológico que requería un trabajo de esta magnitud, reconoció que en Madrid se hicieron las tres cuartas de la circunvalación en cuatro años, cuando en París se tardaron 20 en completar, lo que fue recibido con sonrisas por los representantes del PP.
Como los comparecientes previos, De la Rocha afirmó que las obras fueron “ilegales”, aunque a posteriori la Unión Europea convalidó los estudios medioambientales a posteriori que hizo el Ayuntamiento. Eso sí, precisó que el no haber cumplido los requisitos ambientales privó al Consistorio de haber podido solicitar créditos para las obras.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, insistió en su habitual crítica al modelo de empresa mixta, preguntó a De la Rocha qué habría pasado si la sentencia hubiera llegado a tiempo y lamentó que la vulneración de la ley no tuviera ninguna consecuencia para quienes incurrieron en ella.
El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, que asumió la intervención de su grupo en esta comparecencia, cuando en las anteriores lo hizo su compañero Álvaro González, aprovechó que De la Rocha fue alcalde de Fuenlabrada para pedirle su valoración política de que la reforma de la M-30 en tres años fue una promesa electoral en cuya ejecución Alberto Ruiz-Gallardón se jugaba su prestigio político, y que las que tomó para ello fueron decisiones políticas legítimas y avaladas por los electores, una “sana ambición por mejorar esta ciudad” frente al “inmovilismo” de la izquierda.
De la Rocha le contestó que esa decisión política se tomó “en el filo de la navaja” y sin una tramitación administrativa correcta, y que “si hubieran cumplido la ley, la obra no se habría hecho en tres años”, pero Henríquez de Luna contrarreplicó que, aunque la izquierda quiso “torpedear” la obra pidiendo estudios de impacto medioamiental, el tema se subsanó a posterior y gracias a ello el trabajo se terminó en tres años y ahora lo disfrutan todos los madrileños. Además, negó que la obra fuera ilegal, dado que al final se convalidaron a posteriori el impacto medioambental y la obra en conjunto.
El portavoz del PP justificó también las “interpretaciones legales” en su opinión legítimas que hizo el Gobierno municipal al trocear la obra para superar los escollos medioambientales, y advirtió de que si el recurso del PSOE contra la empresa mixta fue rechazado por el juez fue porque los concejales socialistas ya habían participado en el pleno y presentaron un “cajón de sastre” de impugnación. Además, logró que De la Rocha admitiera al final que la M-30, hoy po hoy, “tiene una funcionalidad que funciona razonablemente bien”.