En este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y que se incluye en una queja admitida a trámite por el Defensor abierta a instancias del Ayuntamiento de Isla Mayor, también solicita al departamento que dirige José Fiscal información sobre si se ha constituido alguna mesa o grupo de trabajo en el que se haya dado participación a todos los entes, grupos, sectores y municipios más afectados por la referida sentencia.
Así, la Institución explica que "respeta" el contenido de la sentencia del TS relativa a la inclusión del cangrejo rojo en el catálogo español de especies exóticas invasoras, pero que, atendiendo al inciso del artículo 17.2 de su Ley reguladora, "ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas y que "en cualquier caso velará porque la Administración Autonómica resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados".
De este modo, y de acuerdo con esta posibilidad, señala que "ha considerado conveniente valorar la problemática que este nuevo escenario plantea", y que en este sentido, "la primera preocupación es la relativa a los efectos económicos y en el empleo que la ejecución de la referida sentencia va a tener en las familias que residen en Isla Mayor y en otros municipios (según noticias que hemos conocido, se trataría, en mayor o menor medida, de La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, El Cuervo, Utrera, Pilas, Trebujena y Almonte) en los que se daba una actividad dedicada a la explotación de esta variedad de cangrejo".
MANIFIESTA SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
En segundo lugar, apunta que este Institución "mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible que rechaza de plano toda actividad económica que no respete los ecosistemas naturales y la calidad del medio ambiente", pero añade que en este contexto "no puede obviar que el cangrejo rojo fue introducido en nuestro ecosistema a principio de los años 70 del pasado siglo por la propia Administración estatal, con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de determinadas zonas rurales y bajo la premisa de que no interfiriese en el desarrollo de las especies autóctonas".
Por ello, apunta que desde aquellos primeros momentos y hasta el día de hoy, "ha transcurrido un considerable lapso temporal en el que, ciertamente, el cangrejo rojo ha quedado muy vinculado a las poblaciones que ahora, con la sentencia del Tribunal Supremo referida, van a ver mermadas notablemente sus economías".
De este modo, asegura que este nuevo escenario "impone a las administraciones públicas la adopción de una serie de medidas para dar una salida a la situación que la ejecución de la sentencia va a generar, tanto en términos económicos como ambientales, a cuyo efecto será ineludible, a nuestro juicio, la cooperación entre las administraciones estatal y autonómica".
Así las cosas, considera "urgente que, a la vista de las consecuencias que se derivan de la referida sentencia, tanto la Administración del Estado como de la Junta de Andalucía, en un clima de colaboración, cooperación, lealtad institucional y servicio a la ciudadanía afectada, evalúen el impacto que va a tener el fallo del Tribunal Supremo sobre el cangrejo rojo y las alternativas de distinta naturaleza que se pueden poner sobre la mesa para amortiguar las desastrosas consecuencias económicas que se ciernen sobre la zona más afectada".
Adicionalmente, cree que esa evaluación y la exploración de vías alternativas a la situación creada, "debe afrontarse también con la participación e intentando conseguir el consenso entre los colectivos y sectores afectados por la resolución judicial y las decisiones que se adopten a la vista de la misma".
Por todo lo expuesto, la Defensoría señala que "considerado oportuno admitir a trámite el escrito presentado por el Ayuntamiento de Isla Mayor solicitando nuestra colaboración y, a tal efecto, solicita a Medio Ambiente información sobre las medidas que, al amparo de la normativa europea, estatal y autonómica, tiene previsto adoptar esa Consejería, tanto por si misma como con la colaboración y cooperación de otras consejerías y de la Administración del Estado, para tratar de amortiguar las consecuencias económicas y, en su caso, ambientales que va a tener en el municipio de Isla Mayor y municipios colindantes y otros afectados por el fallo del Tribunal Supremo sobre el cangrejo rojo".
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