La OCU ha señalado que este canon "muestra de nuevo un afán desmesurado por contentar a unas entidades de gestión de derechos que se niegan a reconocer que los patrones de consumo de los usuarios actuales han cambiado y que han dejado de ser su fuente de financiación".
En este sentido, critica que es "inaceptable" que se asigne a los consumidores un comportamiento "sin que se tome en cuenta que las pautas de consumo de obras protegidas han evolucionado sustancialmente en los últimos años con servicios como Netflix o Spotify".
En concreto, la OCU señala que hoy en día "una gran mayoría de usuarios en España reproduce este tipo de obras mediante medios legales y en muchos casos pagando cuotas mensuales que en ningún caso le dan la propiedad sobre esa obra, sino solo una licencia para poder reproducirla cuantas veces quiera".
Aunque considera que "los autores han de ser debidamente remunerados por su trabajo", cree que "el sistema de compensación por copias privadas no es la solución" y que "los autores deben tener una mejor participación de los fondos pagados a los titulares de derechos por los distribuidores de contendidos".
Además, la OCU señala que en este borrador "se redefine el concepto de copia privada" estableciendo entre las circunstancias constitutivas del límite legal de copia privada "que la reproducción se realice a partir de una fuente lícita y que no se vulneren las condiciones de acceso a la obra o prestación."
De esta forma, considera que "cualquier aparato susceptible de conectarse a internet podría ser gravado, algo que "en un mundo cada vez más conectado, se revela como una forma manifiestamente injusta de financiar un sistema obsoleto como el que defienden las entidades de gestión".
Por todo ello, ve "fundamental" que el gobierno tenga en cuenta las nuevas realidades de consumo de los españoles y se asegure de que el nuevo sistema cuente con todas las garantías para evitar que por tercera vez sea tumbado por la justicia española.
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