Palacios se ha acogido a su derecho a no declarar y esta frase la ha utilizado para no responder a ninguna de las preguntas planteadas por la oposición en esta sesión de la comisión. Según ha explicado al principio, no declararía como tampoco antes lo hizo ante instancias judiciales, tras ser detenido por su supuesta implicación en la trama de corrupción Púnica.
Ignacio Palacios fue detenido hace caso casi un año por la Guardia Civil junto a su mujer. Después, los agentes procedieron al registro de su domicilio en Madrid y de dos propiedades de Granados en Ávila y también en Valdemoro. PSOE y Podemos le han preguntado sobre por su supuesta labor de testaferro de Granados y por su papel en Arpegio.
La portavoz socialista en la comisión, Encarnación Moya, ha manifestado que respeta su derecho de no hacer declaraciones "porque luego pueden ser utilizada en ese sumario". Eso sí, ve "reprochable y no entiende" que alguien que ha desempeñado cargos públicos durante años "venga a la sede de los madrileños y no ha dicho ninguna palabra"..
Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha recordado que Palacios fue una persona de máxima confianza de Granados durante 15 años en Valdemoro y en la Comunidad. "Ha sido tachado de testaferro, tenía muchas cosas que responder pero nos parece realmente lamentable que ni siquiera haya sido capaz de contestar a las cuestiones más simples cuando ha sido alto cargo de la Comunidad y ha desempeñado cargos públicos", ha lamentado.
Por tanto, Ongil se ha mostrado "defraudado" con lo sucedido. "Cada uno elige su estrategia de defensa, pero creo que hubiese demostrado un poco más de humanidad, responsabilidad y ética si hubiese contestado al menos por lo que le debe a los madrileños después de tantos años en cargos públicos", ha explicado.
Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha mostrado su "pena" por la no declaración del exjefe de gabinete de Francisco Granados porque "hubiera sido un buen momento para que nos hubiese explicado que hemos visto sobre ser el testaferro de Granados". "Nos quedamos con las dudas", ha apostillado.
Por el contrario el portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, cree "muy poco operativo y útil para el objetivo de la comisión sacar temas judicializados y hacer comparecer a gente imputada en esos procesos". Y entiende que Ignacio Palacios tiene todo el derecho a no declarar en la Asamblea de Madrid "porque tiene que esgrimir sus responsabilidades ante el juez".
"Me parece muchísimo más grave que haya grupos que ante ese derecho a no declarar hagan veladas amenazas diciéndoles que si no hablarán a su mujer. Me parece tremendo para tratar de coaccionar a un compareciente", ha afeado Serrano al diputado de Podemos, que anunció que estudiaría pedir la comparecencia de la mujer de Palacios, también imputada en la Púnica.
EXPLICACIONES DE RESPONSABLES DE ARPEGIO
A continuación, ha intervenido en la comisión el secretario general de Arpegio, Francisco Esquivias, quien ha sido preguntado por el convenio de la empresa pública firmó en Arganda en 2005, para realizar una plataforma logística --que nunca llegó a realizarse--, comprando unos terrenos a Gallina Blanca; un convenio al que en su momento "no pusieron objeciones". Ahora, la empresa alimenticia reclama 72 millones de euros a la Comunidad.
Esquivias ha señalado que han intentado durante años concertar un pago alternativo a la compañía, "un pago sustitutorio con otro tipo de parcelas", ya que primeramente se le ofrecieron parcelas desarrolladas en Arganda. "Se puede acreditar que hemos estado con los señores de Gallina Blanca, con propuestas, contrapropuestas, pagos alternativos... No ha habido ninguna dejación de funciones. El trato ha sido continuado. Puede ser uno un profesional como la copa de un piso y que te meten una demanda", ha agregado.
El secretario de general de Arpegio ha explicado, por otro lado, que actualmente se ha encargado a un equipo de consultores el futuro de su compañía. "Se ha adjudicado al despacho de Pérez Llorca el estudio de reestructuración de Arpegio para luego llegar a la liquidación o lo que considere el Conejo de Gobierno", ha anunciado.
Esquivias ha señalado que durante años ha sido "un auténtico machaca" en Arpegio, dedicándose a "legitimitar, validar y acreditar" que los convenios fueran acordes a la Ley, "siempre con informes jurídicos" que lo avalasen.
Por último, ha afirmado que esta empresa pública "también defiende a los madrileños". "La labor que hace es muy rigurosa. El que la hace, que la pague, pero ante un caso no se vierta un manto que recaiga en toda la administración", ha concluido.
En la misma línea se ha expresado el último compareciente de la sesión de la comisión de investigación de este viernes -la primera con comparecientes de este curso--, el director económico y financiero de Nuevo Arpegio, Fernando Laguna Hurtado, quien ha aseverado que la empresa pública de suelo "no se movía sólo por la rentabilidad, sino por reequilibrar las partes ricas y pobres de la Comunidad".
"El control de Arpegio del gasto producido es absoluta hasta la última parte del céntimo. En eso soy responsable", ha repetido Laguna tras ser inquirido por los portavoces de los grupos de la oposición sobre la claridad de convenios urbanísticos firmados por Arpegio con determinados ayuntamientos de la región.
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