PNV enmarca la sentencia en los "daños colaterales mínimos de la práctica corrupta de la Casa Real"

  • EH Bildu cree que es "una más de las razones para querer poner tierra de por medio con respecto al Estado español"
EUROPA PRESS

El presidente del GBB y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado que la sentencia del caso Nóos conocida este viernes constituye unos "daños colaterales mínimos de la práctica corrupta de la Casa Real", ya que lo juzgado es "el tamaño de la crisis del modelo de Estado".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a la sentencia del caso Nóos que absuelve a la infanta Cristina de Borbón y condena a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de prisión por diversos delitos de corrupción.

A juicio de Egibar, la abdicación del Rey Juan Carlos es "la pieza principal de todo este proceso" que ha estado caracterizado por la "implicación de la Casa Real", de tal forma que la sentencia conocida este viernes son "daños colaterales inevitables porque lo que en realidad se ha juzgado durante este tiempo es el tamaño de la crisis del modelo de Estado".

"Cuando hablamos de la Casa Real estamos hablando de la forma política del Estado que es una Monarquía parlamentaria. Creo que algunos, quienes controlan los resortes de eso que llaman las razones de estado, decidieron cuál era la decisión principal, que era la abdicación y ahora hemos conocido una sentencia por corrupción que atenazaba la Casa Real", ha afirmado.

En este sentido, el representante jeltzale ha asegurado que "teóricamente se ha salvado lo principal", la forma política del Estado, pero éste "sigue en crisis", al igual que "los valores democráticos".

Por todo ello, ha remarcado que la sentencia son "daños colaterales mínimos de la práctica corrupta de la Casa Real" y ha advertido de que al mismo tiempo "se judicializa la política y hay una persecución penal a un proceso político como el de Cataluña".

EH BILDU

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha abogado, "como vasco y republicano", por tomar distancia con este tema, "aunque no deja de tener su importancia simbólica".

"Esta institución es anacrónica, antidemocrática, superflua y debería desaparecer, y este hombre le ha aportado un plus de desprestigio con practicas de nepotismo y corrupción", ha indicado en referencia al Rey Juan Carlos, para añadir que "estas personas que algunos dibujaban como seres ideales se han visto retratados como unos corruptos".

Por todo ello, ha considerado que casos como éste son "una más de las razones para querer poner tierra de por medio con respecto al Estado español".

ELKARREKIN PODEMOS

Por su parte, el portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lánder Martínez, ha considerado que aunque la infanta se haya visto absuelta es "evidente que una institución como la Casa Real, con un caso de corrupción que les salpica de manera tan cercana, sufre un revés más".

"Se vuelve a poner en duda no ya solo la existencia de un modelo en el que no se elige de modo democrático al jefe del estado sino el hecho de que haya una familia que tenga una serie de privilegios", ha afirmado.

PSE

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha manifestado que está bien que se haya producido el juicio y haya habido condenas, aunque "llama bastante la atención cómo se han rebajado de forma sustancial las penas desde la acusación inicial de la fiscalía a la resolución final".

"Hay cosas que sería bueno que se pudieran explicar. No entiendo que por los mismos delitos se condena al expresidente de Baleares y se exonera a los implicados en la trama valenciana", ha indicado.

Por último, ha afirmado que le preocupa que "una parte importante de la ciudadanía" acabe teniendo la sensación de que se aplican distintas varas de medir a la hora de aplicar la justicia "en función de quién es o no el juzgado".

PP

Por su parte, la portavoz del PP vasco, Laura Garrido, ha defendido que se debe ser respetuosos con una institución como la Monarquía, "respetada mayoritariamente por una inmensa mayoría de ciudadanos españoles".

A su juicio, la sentencia del caso Nóos evidencia que el estado de derecho funciona y la justicia es igual para todos y ha incidido en que "para salvaguardar la independencia judicial no caben presiones o las coacciones".

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