En el Pleno celebrado este viernes, el portavoz del PP, Antonio Lucas-Torres, reconocía la importancia para el sector de la Feria Nacional del Vino (Fenavin), cuya novena edición se celebrará el próximo año, y de Fenavin Contact, celebrada la pasada semana.
No obstante, Lucas-Torre pedía la implicación del Gobierno regional, considerando que su aportación a la llegada de unas decenas de importadores extranjeros no era suficiente.
A este planteamiento ha contestado el vicepresidente de Promoción Económica, Gonzalo Redondo, quien contraponía las cifras de Fenavin Contact, que, decía, han superado de forma notoria las previsiones que se habían hecho. Así, ha recordado que los encuentros comerciales entre bodegueros y compradores han superado los 8.000, cuando las previsiones eran de unos 4.000.
También ha dicho que los compradores que han acudido a la feria superan los 1.000, cuando los contactados por los organizadores y diversos organismos como la Cámara de Comercio o el IPEX, dependiente de la Junta, eran 575, más de 300 de ellos extranjeros. También ha incidido en que, en principio, se contaba con 200 bodegas y cooperativas y, al final, han estado 269, de las que 93 eran de Castilla-La Mancha.
El Pleno, por otro lado, ha sancionado el final del acuerdo entre la Diputación y la UCLM, por el que, en los últimos diez años, esta última ha venido utilizando la finca como espacio de investigación agrícola y ganadero.
La renuncia a este espacio, por parte de la UCLM, ya fue planteado durante la pasada legislatura y ha sido ahora cuando se ha tomado la decisión final de romper el acuerdo por parte de la Diputación.
BOMBEROS
El Pleno ha estado marcado por la presencia de un grupo de bomberos del Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS), en el que participaba la Diputación como socio, por el conflicto que mantienen tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) de aplicar la oferta pública de empleo, a la que este grupo tendría que presentarse, tras declararse nula una bolsa de trabajo de 2010.
Al final de la sesión, un grupo de ellos han mantenido una conversación con el presidente de la institución, José Manuel Caballero, a quien le han pedido que esta oferta pública de empleo sea negociada con los trabajadores.
Caballero, por su lado, les ha recordado que la oferta fue aprobada por unanimidad en la pasada legislatura y que su decisión es atender a lo que manden los juzgados, que les están diciendo que se aplique.
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