El portavoz de Justicia socialista, Juan Carlos Campo, aboga en el primero de los escritos por una "mejora" en el acceso a la justicia gratuita a través de una mayor especialización y dotación de los medios utilizados para este cometido. En este sentido, pide una reforma para garantizar a los ciudadanos sin recursos económicos suficientes su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, "adecuándose a la realidad de cientos de familias devastadas por la crisis".
En la iniciativa, Campo denuncia que la política del Gobierno del PP durante los últimos cuatro años se ha basado en "el control del poder judicial y el recorte indiscriminado de medios, con el claro objetivo de cambiar el modelo actual e imponer otro de fuerte componente ideológico en el que la justicia es menos servicio público y sirve menos para combatir la desigualdad".
El diputado socialista ha recordado que, pese a que la ley garantiza la asistencia gratuita a quienes acrediten insuficiencia de recursos, las reformas del PP han provocado "efectos muy negativos" para los derechos de los ciudadanos, a los que se les ha limitando el acceso al sistema judicial mediante la imposición de nuevas tasas "en una suerte de privatización".
Según el PSOE, de los 650 millones de euros recaudados por las tasas judiciales entre 2012 y 2014, tan sólo se han destinado seis millones a las Comunidades Autónomas para hacer frente a la justicia gratuita que, según el Gobierno, era la razón de su implantación.
"Es imprescindible reforzar la justicia gratuita, la claridad y efectividad del sistema, una dotación suficiente y revisar los criterios para la concesión del beneficio de tal manera que se adecuen a la realidad de cientos de familias devastadas por la crisis, así como evaluar la efectividad del turno de oficio para dar respuesta con la debida garantía a este derecho", ha sostenido Campo.
ACCESIBILIDAD DEL LENGUAJE JURÍDICO
En su segunda Proposición No de Ley (PLN), el PSOE insta a impulsar las medidas que promuevan la claridad del lenguaje jurídico dando cumplimiento al Convenio Marco de Colaboración que se firmó en 2011 y del que se desconocen los resultados. En concreto, quieren que se dé cuenta a la Cámara de las actuaciones de este grupo de trabajo.
En la exposición de motivos de la PLN, el PSOE recuerda que en abril de 2002 el Congreso aprobó por unanimidad la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia y que, con este antecedente, el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia incorporó como objetivo "la claridad, calidad, y accesibilidad del lenguaje jurídico como objetivo de sus políticas públicas".
Por ello se constituyó, en diciembre de 2009, la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico, presidida por el secretario de Estado de Justicia de entonces y con el director de la Real Academia de la Lengua como vicepresidente y hasta ocho vocales provinientes de diversas disciplinas que recibieron el encargo de presentar un informe de recomendaciones.
Presentaron su informe en diciembre de 2001, en el que se proponía impulsar sus recomendaciones y dar visibilidad a esta nueva política pública, para lo que se creo un convenio marco de colaboración del que, según el PSOE, nada se sabe sobre su pervivencia ni del cumplimiento de sus objetivos.
DESAPARICIÓN DE NIÑOS ROBADOS
Por último, el PSOE quiere que la Comisión de Justicia de la cámara baja impulse las medidas necesarias para la investigación de la desaparición de los bebés entre 1940 y 1990. Para ello, solicita que se cree un banco de ADN que permita cruzar los datos de las víctimas para que se les ayude a encontrar a sus "verdaderas familias".
También aboga por establecer ayudas económicas para las pruebas de ADN que "esclarezcan la verdad" e impulsar otras medidas de apoyo psicológico o de acceso a la justicia gratuita para tramitar las denuncias de lo que el PSOE califica de "tropelías", habida cuenta del frecuente "silencio de la Administración".
"Nos encontramos ante miles de víctimas de una trama organizada y que ha operado con total impunidad durante décadas, mientras el Estado y las autoridades han mirado a otro lado", denuncia el Grupo Socialista.
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