La idea, según recogen los escritos, es que no solo se garantice el nombramiento de profesionales sino también que los ciudadanos puedan estar exonerados del pago de los aranceles de notaría y los honorarios de la administración concursal, y que estos puedan ser cubiertos por el servicio de justicia gratuita y acceder de este modo al sistema judicial en igualdad de condiciones.
Según ha explicado a Europa Press el letrado Enrique Ruiz, la ley de segunda oportunidad, que se presenta como una oportunidad para que se puedan incorporar a la vida civil, es un proceso "complejo" en el que el deudor tiene que correr "con los gastos correspondientes a la notaria y administración concursal", lo que, en muchos casos, se convierte en "un impedimento material económico para que muchas personas puedan acceder a este mecanismo de negociación extrajudicial".
De hecho, la ley establece que no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que no se agote la vía extrajudicial pero el Servicio de Justicia Gratuita "solo reconoce la posibilidad de solicitar el nombramiento de un abogado para poder acudir a la vía jurisdiccional, sin que se dé cobertura de todos los gastos ocasionados en el trámite de negociación extrajudicial".
"Por todo ello, se está creando una barrera material que hace muchas familias no puedan acceder a este mecanismo de ley de Segundad Oportunidad porque no puedan afrontar los enormes gastos de aranceles y honorarios de la administración concursal que puedan ocasionar este procedimiento", ha insistido Ruiz, quien ha recordado que según las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha producido un incremento del diez por ciento de los lanzamientos hipotecarios y problemas hipotecarios en Andalucía.
Para el letrado, esto supone que las medidas adoptadas para paliar los efectos negativos sociales, económicos y emocionales son "insuficientes", produciendo "un autentico drama social por los impagos con respecto a la hipoteca, desahucios, y perdida del hogar habitual".
Al hilo de esto, ha puesto el ejemplo de los colegios de abogados de Barcelona y Córdoba, que han creado dentro del turno civil una especialización en materia hipotecaria donde se establecen unos requisitos de acceso como realización de cursos de especialización en esta materia.
En su escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, solicita que requiera a la Junta para que cree en el turno civil una especialización en derecho hipotecario, donde podría tener cobertura la designación de profesionales para la representación legal en el proceso de tramitación extrajudicial regulado en la llamada ley de Segundad Oportunidad para personas físicas, y para que dé cobertura a la formación en materia de derecho hipotecario y ley de segunda oportunidad para los profesionales que se registren en este turno especial.
También solicita que la administración realice las dotaciones materiales y técnicas necesarias para la puesta en funcionamiento de este turno especial de derecho hipotecario y ley de segunda oportunidad para personas físicas, y que se traslade la propuesta al Parlamento de Andalucía, al Consejo General de la Abogacía y al Ministerio de Justicia. En el escrito al Colegio de Abogados, solicita que se eleve la propuesta a la Junta de Gobierno para estudio y tramitación.
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