Presidente catalán promete referéndum de independencia en un año

El presidente catalán Carles Puigdemont prometió este miércoles ante su parlamento la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en esta región nororiental de España para septiembre de 2017, aunque Madrid se niegue a negociarlo.

"Perseguiremos el acuerdo hasta el último día", aseguró. Pero si "no ha habido respuesta positiva en este sentido, estaremos preparados para (...) convocar el referéndum para la segunda quincena de septiembre del año que viene", aseguró.

Puigdemont se somete esta semana a una cuestión de confianza en el parlamento catalán con la esperanza de que su gobierno recupere el apoyo perdido en junio de la facción más radical del independentismo, la izquierda anticapitalista CUP.

Escogido en enero gracias al pacto de la coalición Juntos por el Sí (izquierda y derecha) y la CUP, el gobierno de Puigdemont trabaja desde entonces en preparar la administración y las leyes necesarias para desvincularse del resto de España en 18 meses.

"A finales de junio de 2017 estaremos preparados para podernos desconectar del Estado español en plenas garantías", aseguró.

A partir de entonces sólo quedaría convocar a los catalanes a las urnas para que decidan si quieren o no la secesión. Para ello, Puigdemont planteó dos opciones: un referéndum pactado con Madrid o uno impulsado desde las instituciones catalanas.

El líder independentista se abrió a negociar los términos del referéndum: la pregunta, la fecha, los requisitos necesarios para considerar válido el resultado o una moratoria hasta poder repetirlo en caso de derrota.

"Esta es una oferta que no caduca pero que no paraliza", advirtió, señalando que si gana la moción de confianza ordenará a su ejecutivo la preparación de este referéndum para el que no tienen competencias.

"La resolución de la demanda catalana se hará de esta manera: o referéndum o referéndum", afirmó.

Hasta ahora, tanto el jefe de gobierno en funciones, el conservador Mariano Rajoy, como el resto de grandes partidos españoles a excepción de la izquierda radical Podemos niegan el derecho de autodeterminación de esta rica región.

Entablar una negociación resulta difícil cuando España se encuentra desde diciembre sin gobierno electo por la alta fragmentación parlamentaria y se acerca la amenaza de celebrar en diciembre las terceras elecciones legislativas en un año.

"Referéndum o referéndum quiere decir fracaso o fracaso. Sabemos que no habrá referendum pactado con el Estado", aseguró Eva Granados, portavoz del partido socialista contrario a la autodeterminación.

La apuesta por el referéndum supone un viraje en la hoja de ruta soberanista para satisfacer las exigencias de la CUP.

Este pequeño partido quería acelerar la proclamación de la independencia que, según el plan anterior, se produciría después de celebrar unas elecciones constituyentes, redactar la Constitución catalana y ratificarla en referéndum.

"Estamos en sintonía con las palabras del presidente", declaró Anna Gabriel, portavoz de la CUP, que devolverá su apoyo al gobierno.

El expresidente Artur Mas (2010-2016) ya intentó en 2014 convocar un referéndum como respuesta al auge del independentismo en esta región mediterránea de 7,5 millones de habitantes, fruto de la crisis y los constantes conflictos con Madrid.

Pero sin competencias ni acceso al censo y con la prohibición del Tribunal Constitucional, tuvieron que conformarse con una votación simbólica organizada por sus propios militantes.

Fueron a votar 2,3 millones de personas, un 80% por la secesión, pero la participación fue de un tercio del censo estimado.

Tras esa votación, que conllevó la imputación por desobediencia de Mas y tres miembros de su ejecutivo, los líderes regionales apostaron por celebrar en septiembre de 2015 unas elecciones regionales centradas en la secesión.

Las listas independentistas obtuvieron la mayoría absoluta --aunque se quedaron con 47,8% de los votos-- e iniciaron su plan de secesión.

En noviembre se declararon insumisos a las instituciones españolas y en julio aprobaron su hoja de ruta hacia la independencia, provocando sendas suspensiones del Tribunal Constitucional.

Pero las discrepancias ideológicas derivaron en esta moción de confianza, que se votará el jueves una vez concluido el término de réplica de la oposición.

A pesar del renovado apoyo de la CUP, todavía deben ponerse de acuerdo sobre un punto clave: los presupuestos, necesarios para convertir la administración regional en una capaz de asumir las competencias de un Estado.