Así lo ha indicado a Europa Press la consejera ha explicado que "se estaba trabajando en la reforma del conocido como salario social", y que a raíz del anuncio que hizo la presidenta de la Junta, Susana Díaz en el Parlamento, "se pensó trabajar en este tema dándole un carácter de derecho subjetivo y por lo tanto intentando recoger el compromiso de nuestro Estatuto de Autonomía y también la voluntad expresada con la firma a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)" presentada por la plataforma 'Compromiso Social para el Progreso de Andalucía' .
"Se trata de un tema complejo", asegura Sánchez Rubio, que quiere dejar claro que "bajo ningún concepto está renta tiene que suplir la renta del trabajo, o la protección por desempleo o una renta de carácter estatal". En este sentido, ha recordado que se ha presentado una iniciativa por parte del Grupo Socialista y sindicatos "para que se regule una renta homogénea en todo el territorio nacional, que tiene que ver con la pérdida de rentas del trabajo, de forma que la andaluza sería complementaria para temas sociales que muchas veces no tienen que ver con tener o no tener empleo".
No obstante, señala que "entre tanto esto existe", la consejera destaca que en la Ley de Servicios Sociales, que se aprobó el pasado diciembre, "una de las medidas, que es un derecho subjetivo garantizado, es tener unos ingresos mínimos para las personas que no tienen ningún ingreso", luego "tenemos como referencia el Estatuto de Autonomía y la propia Ley de Servicios Sociales que nos da un instrumento para regular".
Por lo tanto, añade que desde que se produjo el anuncio por parte de la presidenta, "están manteniendo reuniones prácticamente semanales con la plataforma y analizando nuestra propuesta de reforma del Decreto de Inclusión con la propuesta que ellos hicieron de iniciativa para ver cómo podemos llegar a un acuerdo que nos permita, de manera consensuada, sacarlo sin necesidad de que esto se retrase, porque si lo metemos a proyecto de ley se retrasaría en su aplicación".
Además, ha recordado que de dicha medida "se podrían beneficiar 42.500 unidades familiares" , al tiempo que ha apuntado que la demanda de salario social "ha bajado de manera sustancial", porque al poner en marcha la Junta los planes de empleo "hay muchas personas que entran en esos planes de empleo y por lo tanto no acceden a la renta".
Igualmente, Sánchez Rubio ha destacado que la norma "introduce la posibilidad de la suspensión temporal de la percepción de la renta mínima de inserción" y "se establece la compatibilidad de la percepción de la renta mínima con la percepción de los ingresos, sin que supere la cuantía, procedentes de un empleo cuando éste tiene una duración de un mes o menos". También ha resaltado que los Servicios Sociales Comunitarios "toman un protagonismo y un papel fundamental, no sólo como puerta de entrada al acceso a esta prestación, sino también en la elaboración, desarrollo y seguimiento del plan de inclusión sociolaboral de las familias perceptoras".
"Que quede bien cerrado el plan de inclusión es un punto al que le da mucha importancia a la plataforma porque es ahí donde se van a ver las posibilidades de salida que tengan estas personas desde el punto de vista laboral y no estancarlas y que siempre estén vinculados salarios o rentas básicas", manifiesta Sánchez Rubio, que destaca que la renta mínima de inserción se establece como una prestación garantizada, y por tanto como derecho subjetivo se concibe medio e instrumento para la inserción social y laboral en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la marginación en Andalucía".
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