El entonces ministro de Economía francés, Francis Mer, realizó una serie de declaraciones a la prensa entre julio y octubre de 2002 destinadas a garantizar al operador (hoy Orange) el apoyo de las autoridades francesas "si tuviera dificultades".
Mer afirmó que el "Estado accionista" se comportaría como un "inversor prudente" que tomaría las decisiones "necesarias" si el operador tuviera problemas, "aunque no es el caso".
Además, el Gobierno galo anunció en diciembre de 2002 un anticipo de accionista a favor de France Télécom, que consistía en una línea de crédito de 9.000 millones de euros en forma de contrato de anticipo. Aunque esta oferta nunca llegó a ser ejecutada, ni siquiera aceptada por la compañía.
La Comisión Europea concluyó en 2004 que esta estrategia constituyó una ayuda de Estado incompatible con las normas europeas en materia de competencia. La decisión fue recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE tanto por el Gobierno francés como por el operador.
En 2010, la Justicia europea dictaminó que no se trató de ayudas públicas, en la medida en que no habían comprometido efectivamente recursos estatales, pese a la ventaja financiera concedida de este modo a France Télécom.
El fallo fue anulado en 2013 al ganar Bruselas un primer recurso, pero, en un nuevo recurso en 2015, el TUE se pronunció en contra de la decisión de la Comisión y dictaminó su anulación, una posición que ha sido confirmada ahora en casación.
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