La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un escrito a la juez María Núnez Bolaños en el que asegura haber entregado en el Juzgado "todas" las actuaciones practicadas en la pieza de los cursos de formación donde se investiga al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda por las ayudas concedidas a los extrabajadores de Delphi.
En un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO se pronuncia así después de que el abogado de Ojeda le acusara de tomar declaraciones "a espaldas" de los investigados, algo que, según el letrado, conculca el derecho de defensa y supondría realizar una "investigación general y prospectiva sin mandato judicial a espaldas del investigado".
Tras el escrito presentado por la defensa de Ojeda, la juez María Núñez Bolaños requirió a la UCO para que informara de las diligencias que ha practicado hasta la fecha.
En este sentido, los agentes ponen de manifiesto en el oficio consultado por Europa Press que "todas las actuaciones que se han practicado" en el marco de esta pieza, "salvo error u omisión, ya han sido entregadas" en el Juzgado mediante un atestado policial remitido el 1 de marzo de 2017, "tal y como ya se pronunció el Ministerio Fiscal en su escrito de fecha 11 de junio de 2017".
Al hilo, la UCO precisa que, actualmente, "se está ultimando un informe de tipo financiero, donde se plasmará el resultado del análisis de varia información que fue remitida bajo los correspondientes mandamientos judiciales emitidos" por la magistrada, "y a cuyo término será inmediatamente remitido a esa instrucción".
No obstante, asevera que "si se posee información más concreta y detallada en cuanto a esas 'diligencias practicadas', supuestamente 'extramuros, y es participada a esta Unidad, se podría realizar alguna comprobación que por ser más específica resultaría más eficaz".
De este modo, la UCO "queda a la entera disposición de ese Juzgado para cualquier diligencias que estime oportuno realizar, en relación con las diligencias previas de referencia", concluye el oficio.
EL ESCRITO DE ÁNGEL OJEDA
En el escrito elevado al Juzgado, el abogado del exconsejero, Juan Carlos Alférez, explicaba que ha tenido conocimiento de que los agentes de la UCO están tomando declaraciones "extramuros del proceso, sin contradicción, interdicción ni control de la autoridad judicial a cuyo cargo está la investigación criminal".
A su juicio, ello podría estar incumpliendo el precepto que impone la obligación de "comunicar al juzgado en un plazo máximo de 24 horas las diligencias que se practiquen", de acuerdo con el artículo 295 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
El letrado instó a la juez a que ordenara a la Policía Judicial que remitiera a la causa las actas de "todas y cada una de las declaraciones testificales que se hayan practicado hasta la fecha a espaldas de los investigados y de sus letrados defensores".
Además, recuerda que una petición idéntica se planteó, también en relación con la UCO, en el caso de los ERE, donde los agentes de esta unidad "tomaron declaración a diferentes testigos y partes sin dar conocimiento a la instructora" y en este caso fue la Audiencia de Sevilla la que resolvió a favor de las defensas.
"PROSPECTIVA"
El letrado manifiesta que el derecho de defensa de las partes "pudiere estar siendo conculcado mediante la anómala práctica procesal de tomar declaraciones sin control ni conocimiento de la autoridad judicial", por lo que solicitaba además que se pusiera en conocimiento del Juzgado "el resto de las diligencias" que hasta la fecha se hayan practicado.
La defensa insiste en que, según la información de que dispone, la UCO estaría "tomando declaraciones a alumnos y profesores de cursos ajenos al denominado dispositivo Delphi, pudiéndose estar practicando una investigación general y prospectiva sin mandato judicial a espaldas del investigado".
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