En concreto, UGT ha afirmado que el Gobierno está alegando que el incremento de las pensiones de viudedad, cuya tasa reguladora debe pasar del 52% al 60%, supondría un "importante" coste para la Seguridad Social.
De hecho, UGT ha subrayado que el Ejecutivo se excusa en la "débil" situación financiera que ha atravesado el sistema público de pensiones para aplazar anualmente la entrada en vigor de esta subida.
La organización sindical liderada por Pepe Álvarez ha asegurado que es "necesario y urgente" aumentar y garantizar la calidad de vida de estos pensionistas. Para UGT, la solución pasa por actualizar la cuantía de todas las pensiones al IPC.
Por otro lado, ha asegurado que es necesario que las pensiones de viudedad y orfandad permanezcan en la Seguridad Social, porque son pensiones de carácter contributivo y sacarlas del sistema, financiándolas vía impuestos, sería "injusto e iría contra la ley", según UGT.
El paso progresivo de las pensiones de viudedad y orfandad a financiación vía presupuestos cambiaría estas pensiones a asistenciales, por lo que pasarían a integrarse en los sistemas de asistencia social de las comunidades autónomas, lo que supondría "una tremenda injusticia pues no solo serían objeto de recorte y unificadas a cuantía único, sino que su financiación y el derecho a cobrar esta pensión no quedaría garantizado".
UGT cree que esta propuesta, que se planteó en el marco del Pacto de Toledo, no resuelve ningún problema y que "segrega las prestaciones". "Un déficit que afecta al conjunto del sistema y como tal debe abordarse, a través de propuestas consensuadas en el ámbito del Pacto de Toledo y del diálogo social", ha recalcado.
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