Agentes que combaten a ETA en Euskadi exigen al Congreso que se les reconozca

Sagrario Ortega

Madrid, 7 jul.- En 1968 ETA mató al primer policía y al primer guardia civil. Cuarenta y cinco años después y con decenas de víctimas a la espalda, los agentes destinados en el País Vasco para luchar contra la banda denuncian que siguen sin recibir un reconocimiento moral y económico y, por eso, han decidido pedírselo al Congreso.

Sólo el Parlamento de Navarra ha dado hasta ahora el paso y el 1 de julio aprobó una declaración institucional que reconoce el trabajo desarrollado por ambos cuerpos, que "en condiciones muy adversas arriesgaron su vida en Navarra en defensa de la libertad, la democracia y la lucha contra el terrorismo".

Una declaración que la Cámara vasca tiene paralizada y "ha dejado morir" a pesar de haberla hecho suya tanto el Partido Popular como el PSE, después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) la planteara a ambos grupos tras haber aprobado una iniciativa en ese sentido en su congreso autonómico de marzo de 2011.

Por diferentes motivos, han señalado a Efe fuentes del SUP del País Vasco, ambas formaciones políticas no la han sacado adelante y ahora el sindicato ha decidido plantearla en Madrid para que sean las Cortes Generales las que la asuman y aprueben la imposición de una condecoración por permanencia en las plantillas que luchan contra el terrorismo y una pequeña compensación económica.

Los promotores justifican en el denominado "síndrome del Norte" la necesidad de que la sociedad, a través del lugar donde reside la soberanía popular, o sea, el Parlamento, se haga eco de esta petición y reconozca una labor que ha obligado a los agentes a "vivir prisioneros" en la que debería ser su propia casa.

El Cuerpo Nacional de Policía, desde incluso cuando era Cuerpo Superior de Policía, ha sufrido la pérdida de al menos 111 agentes a manos de ETA. El último de ellos, el inspector Eduardo Puelles, en un atentado en 2009 en Vizcaya.

Y más muertos, en concreto 204, ha dejado el terrorismo de ETA en la Guardia Civil desde 1986 hasta 2007, cuando asesinó en Francia a los agentes Raúl Centeno y Fernando Trapero.

A todos ellos habría que añadir los trece miembros de la Ertzaintza que perdieron la vida por atentados de esta banda o de grupos afines.

Pero las zarpas del terrorismo no solo han segado la vida de los agentes, sino que les ha obligado a vivir en el País Vasco en unas condiciones totalmente diferentes a las de sus compañeros de profesión en el resto de España, tal y como recuerdan a Efe algunos policías.

Como ejemplo, citan la imposibilidad de solicitar becas de estudios para sus hijos como cualquier trabajador para "mantener oculta" la procedencia de los ingresos familiares "como si fuera un delito"; aparcar el coche en otro barrio distinto al que viven; pasear separado de la familia; ocultar la profesión... y así, dice, hasta un sinfín de "rutinas" que hoy aún se mantienen.

Sobre todo las mantienen, añaden las fuentes, aquellos agentes que llevan décadas viviendo en Euskadi, una comunidad en la que su Parlamento "vota para que la Policía Nacional y la Guardia Civil desaparezcan del mapa autonómico" o, como exige Bildu, "desaparezcan para siempre".

Muchos son los agentes que han echado raíces en el País Vasco, donde las plantillas de Policía y Guardia Civil pueden rondar los 2.600 agentes, por lo que el SUP considera justo que se les reconozca lo vivido y se les compense en la jubilación, que seguramente pasarán en su "tierra de adopción".

En las conversaciones que el sindicato quiere iniciar con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, los representantes de los policías pedirán, como "línea roja" de la que no moverán "ni una coma", la imposición de una condecoración por permanencia en las plantillas del País Vasco.

Nada extraordinario porque, según explican a Efe las fuentes, en el caso de la Policía unidades como la de Presidencia de Gobierno, Grupo Especial de Operaciones (GEO) o guías caninos, las tienen por permanencia en esa especialidad un tiempo concreto.

Otra de las reivindicaciones tiene que ver con el aspecto económico, y aunque el SUP es consciente de la situación de crisis del país, su demanda tendría una repercusión "mínima" en las arcas estatales.

Tal y como ocurre con funcionarios que trabajan en Ceuta y en Melilla, se trataría de computar los trienios en bienios, lo que supondría, según los cálculos del SUP del País Vasco, entre 10 y 30 euros al mes para los agentes que llevan menos tiempo en Euskadi y de 120 o 140 para aquellos que han permanecido 40 años (el 15 por ciento de la plantilla).

Si estas peticiones fueran aceptadas, redundaría en una mejora de la pensión de jubilación, que ahora es de apenas 1.000 euros, subrayan las fuentes.