Lucía Leal
Washington, 19 mar.- El Gobierno de Colombia tiene tres meses para enviar comentarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de que ese organismo entre a valorar "a fondo" el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo hoy el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez Icaza.
En una entrevista con Efe, Álvarez Icaza subrayó además que la Corte Constitucional colombiana "ha establecido que las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento", por lo que la CIDH espera que el Gobierno de Colombia las acate y ponga en suspenso la destitución de Petro.
La emisión de medidas cautelares a favor del alcalde bogotano "no supone bajo ninguna circunstancia entrar al fondo del tema ni prejuzgar el tema", subrayó el secretario ejecutivo, pero la Comisión sí ha indicado al Gobierno de Juan Manuel Santos su intención de iniciar un análisis del caso.
Al tiempo que se emitieron las medidas, "se notificó el inicio de una petición y se le dan tres meses al Estado para responder lo que a su interés corresponda; de manera que, entonces sí, pueda la Comisión entrar a fondo (en el tema)", explicó.
Será entonces cuando la Comisión "determinará los criterios en materia de admisibilidad" -es decir, si se acepta definitivamente estudiar el caso y por qué motivos- y establecerá las "responsabilidades o no en materia internacional o en materia de cumplimiento de la Convención Americana" de Derechos Humanos, agregó.
Álvarez Icaza admitió que el proceso de toma de la decisión de la CIDH, que ha analizado durante meses la petición de Petro, se aceleró el miércoles después de que el Consejo de Estado, el máximo tribunal contencioso-administrativo de Colombia, invalidara 23 tutelas o recursos de amparo en contra la destitución de Petro.
"(Tras) la decisión que se tomó en el Consejo de Estado, (...) y con base a la información que recibió por escrito y de manera oral de la Procuraduría y del Procurador (general), la Comisión consideró que se podría actualizar la condición de un daño irreparable si la notificación se ejecutaba", afirmó el secretario ejecutivo.
"Entonces, en el criterio de la Comisión, se actualizaron los criterios para (conceder) una (medida) cautelar, que son gravedad, urgencia e irreparabilidad", criterios que en este caso se refieren a un posible daño a los derechos políticos de Petro, añadió.
La concesión de medidas cautelares implica que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que está en plena campaña para la reelección en los comicios de mayo, deberá decidir en un plazo de quince días si acata la decisión de la CIDH o respalda la decisión del Procurador general, Alejandro Ordóñez, que destituyó a Petro.
Álvarez Icaza quiso aclarar que la decisión de la CIDH es de obligado cumplimiento y que la Comisión espera que el Gobierno de Santos "atienda las medidas cautelares".
"La propia Corte Constitucional colombiana ha establecido que las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento. Entonces no sólo es lo que dice la Comisión, sino también la Corte Constitucional colombiana", subrayó.
El carácter obligatorio o no de las medidas cautelares ha generado confusión en Colombia, y este mismo martes el ministro de Justicia colombiano dijo a los periodistas en Washington que si la CIDH decidiera conceder esas medidas no se trataría de una "orden" al Gobierno colombiano, "sino de una recomendación, un consejo".
Según el titular de la CIDH, Colombia ha sido hasta ahora un "ejemplo en el continente en términos de institucionalidad y ha demostrado una sólida "incorporación al Sistema Interamericano" de Derechos Humanos, por lo que confía que siga esa línea en este caso.
"Colombia ha hecho cumplimientos paradigmáticos de medidas cautelares, y ha desarrollado una institucionalidad que es ejemplo en el continente", destacó.
Mientras espera la respuesta de Colombia tanto sobre las medidas cautelares como sobre la petición de estudiar el fondo del caso, la CIDH celebrará el lunes una audiencia "de carácter general" sobre las garantías de los derechos políticos en Colombia, en la que se espera que salga a relucir de nuevo el caso de Petro.
"Es una audiencia que sirve como un mecanismo para recabar información sobre el tema de fondo, que le va a ayudar a la Comisión para orientar, recibir información y normar su juicio" a la hora de estudiar el caso de Petro, precisó Álvarez Icaza.
Por ahora, según el titular de la CIDH, la decisión tomada esta madrugada por los siete comisionados que forman el organismo no impide que "el proceso judicial propiamente dicho vaya a tener su curso" en Colombia, sino que simplemente pide una suspensión temporal de una destitución que anoche parecía inminente.
Petro, quien en su juventud militó en el grupo guerrillero M-19, fue elegido por voto popular para el periodo 2012-2015 tras haber sido en varias ocasiones congresista y candidato a la Presidencia en las elecciones de 2010.
El pasado 9 de diciembre el procurador general, Alejandro Ordóñez, le destituyó e inhabilitó por 15 años por hechos vinculados con un cambio del sistema de recogida de basura de Bogotá que generó un caos.
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