Americanos analizan en Guayaquil iniciativas para fortalecer Derechos Humanos

Quito, 10 mar.- Cancilleres y representantes de los 23 países que forman la Convención Interamericana de Derechos Humanos se reunirán mañana lunes en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para analizar varias iniciativas que buscan fortalecer dicho sistema, también llamado "Pacto de San José".

"Todo está listo" para la Conferencia de los Estados Parte de la Convención, indicó a Efe una fuente de la Cancillería ecuatoriana, anfitriona del encuentro que será previo a otra reunión que deberá concretarse en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) este mismo mes.

Los países americanos deben analizar un conjunto de iniciativas que buscan garantizar "la vigencia plena de un sistema de promoción y protección de los derechos fundamentales en el continente", indicó la Cancillería ecuatoriana.

La cita de Guayaquil estaba prevista para el pasado viernes, pero fue postergada por la muerte del presidente venezolano, Hugo Chávez.

A este cónclave acudirán cancilleres, vicecancilleres o representantes de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Se prevé que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, inaugure el encuentro que, entre otros asuntos, discutirá reformas planteadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La "universalidad" del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los mecanismos de financiación, el funcionamiento de sus relatorías y la institucionalización de sus organismos constan entre los planteamientos que se debatirán en Guayaquil.

Correa ha sido uno de los mandatarios que ha expresado fuertes críticas a la CIDH, pues considera que ese organismo se ha alineado con los intereses de países hegemónicos como Estados Unidos, uno de los que no ha ratificado el "Pacto de San José".

Su canciller, Ricardo Patiño, incluso dijo que Ecuador, en la reunión de Guayaquil, exigirá "la universalidad" del sistema interamericano y que si hay países que no ratifican la convención, entonces "que salgan" de ella.

Además, el canciller ecuatoriano propone que se aplique el criterio de "equidad" en las relatorías encargadas de vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales en el continente.

Según Patiño, las relatorías sobre derechos del niño, de las mujeres y la encargada de observar la discriminación racial, prácticamente "no valen nada" y apenas cuentan con una financiación de 60.000 dólares al año.

Mientras, que la relatoría de libertad de expresión cuenta con más de un millón de dólares, aportados por países hegemónicos, especialmente Estados Unidos, y por varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), según el canciller ecuatoriano.

Esas sugerencias, apoyadas con matices por otros presidentes, han generado reacciones como la del exsecretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria, quien recientemente consideró como un "gran error" que en el proceso de reforma de la CIDH quedara debilitada la Relatoría para la Libertad de Expresión.

"La libertad de prensa y de expresión no son un valor relativo, son prácticamente un valor absoluto. Y en los países donde hay autoritarismos y autocracias, prácticamente hoy el único instrumento de crítica internacional importante que tienen es la Relatoría", sostuvo Gaviria.

También el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) alertó esta semana a la OEA sobre el riesgo que supone para el periodismo en América Latina un eventual debilitamiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión.

"La verdad es que si la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pierde su independencia, su habilidad para llevar a cabo su trabajo se ve amenazada", declaró Anthony Mills, subdirector del IPI, en un comunicado publicado en Viena.

Ecuador, en cambio, considera que la reforma de la CIDH debe ser profunda e incluso ha anticipado que respaldará el planteamiento de Argentina para que la sede de ese organismo, que actualmente se encuentra en Washington, salga de ahí y se traslade a Buenos Aires.