(ampliación) eta. El juez velasco pide al supremo que impute al senador de bildu iñaki goioaga por pertenecer a eta

El juez de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo, al que pide que tome declaración como imputado al senador de EH Bildu Iñaki Goioaga, en relación con un presunto delito de integración en organización terrorista, al considerarlo integrantes del 'frente de cárceles' de ETA.
Esta investigación reunida en el sumario 11/2013, incluye las operaciones policiales designada como 'Jaque', 'Mate' y 'Pastor', que pretenden desentrañar el funcionamiento del 'frente de cárceles' de ETA a través de los abogados defensores de los integrantes de la banda.
En este caso están siendo investigados medio centenar de abogados por presuntos delitos de integración en organización terrorista, financiación del terrorismo, delito tributario, fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales. Por todos ellos podría ser interrogado Goioaga en el Supremo, dada su condición de aforado, aunque el juez especifica que de momento le atribuye un delito de integración en organización terrorista.
El juez atribuye al senador su pertenencia al denominado 'frente de cárceles' de ETA a través del Colectivo de Abogados-BL. En su exposición de 16 folios, Velasco subraya que las distintas operaciones policiales han permitido conocer con detalle la composición y funcionamiento del 'frente de cárceles' de la banda, dentro del cual destaca una estructura organizada formada por abogados que, aprovechando su actividad profesional de asistencia letrada, ejercen “sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista”.
Según Velasco, de esta estructura “formaría parte, y además con especial relevancia”, Iñaki Goioaga. Destaca, además, que de acuerdo a la numerosa documentación incautada se pone de manifiesto que entre las funciones de este grupo de letrados estarían las visitas a las cárceles o “rondas”, en las que trasladarían a los presos determinados aspectos de su línea de actuación y qué “líneas rojas” no pueden sobrepasar en relación a su situación penitenciaria: no deben colaborar con la justicia y tampoco pedir perdón por sus crímenes o solicitar beneficios penitenciarios de forma individual.
En relación con estas "rondas", la exposición motivada hace referencia a un documento en el que se dice que suelen realizarse por dos componentes del colectivo durante dos o tres días consecutivos, varias veces al año, y que les han permitido contactar con el 65 por ciento de los miembros de ETA en prisión al año, llegando a más del 95 por ciento de los centros penitenciarios en los que hay etarras.
En este sentido, destaca la ausencia de visitas a la prisión de Nanclares de Oca, donde se encuentran los internos que han abandonado la disciplina de la banda terrorista.
15 ABOGADOS
La estructura de este colectivo estaría integrada por alrededor de 15 letrados 'liberados', así como por una red de apoyo formada también por abogados que, “sin integrarse orgánicamente en su estructura, colaborarían con las funciones de asistencia a los presos de ETA integrados en el EPPK”.
Respecto a su financiación, el magistrado señala que “sería la organización Herrira (suspendida en sus funciones) la encargada de la misma” mediante el pago de la asistencia jurídica a los miembros del EPPK. El valor de estos servicios prestadoS por el Colectivo de Abogados-BL ascendería, de acuerdo con la documentación intervenida, a 766.112,76 euros en 2012 y 792.200 en 2013.
De esas cantidades, advierte el juez, no tiene constancia la Hacienda Pública, por lo que los miembros del Colectivo de Abogados-BL habrían defraudado un total de 270.336,074 euros en concepto de IVA, “motivo por el que sería presuntamente responsables de dos delitos fiscales”.
Para Velasco, “incluso podrían ser responsables de dos delitos de blanqueo de capitales al haber adquirido, poseído, utilizado y convertido las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública a sabiendas de que las mismas procedían de un delito contra la misma”.
En enero de 2014, la Guardia Civil registró las oficinas en Bilbao donde se encuentra el despacho del senador y abogado de presos de ETA Iñaki Goioaga, en el marco de la operación contra el grupo de enlace con los reclusos de la banda terrorista. Según el juez, se LE puede atribuir la responsabilidad de participar en las "rondas" de visita a los presos y la asistencia a varias reuniones con otros letrados.
En ese bufete también trabajan los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, que estaban entre los detenidos en las operaciones policiales. El despacho del senador permaneció precintado y no fue registrado, ya que como aforado es necesario un permiso especial del juez, que fue más tarde concedido.
En consonancia con las tesis del fiscal, Velasco considera suficientemente acreditado que Goioaga “conocía que sus aportaciones al Colectivo BL contribuyen a las actividades terroristas de la organización, como no cabe sino deducir de los documentos incautados a él mismo y a los integrantes del Colectivo, con posesión de documentos orgánicos de la organización ETA”.
Entiende, asimismo, que se encontraba integrado en ese entramado “con carácter permanente y que llevó a cabo actividades propias del cometido encargado por la organización terrorista”.