La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelarísima la aplicación en la Comunidad de Madrid de las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y los eventos acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Comunidad de Madrid ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra esas medidas y ha pedido su suspensión como medida cautelarísima (sin ni siquiera escuchar a la otra parte) para impedir "un daño inmediato, irreparable e insubsanable".
La Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso EFE, accede a esa petición ante "el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes". Una vez adoptada esa decisión, la Sala da plazo al Gobierno central para que presente alegaciones. Entonces decidirá si mantiene la suspensión o reactiva las medidas.
La Comunidad de Madrid presentó un recurso Contencioso-Administrativo ante la Audiencia Nacional contra la declaración de actuaciones coordinadas frente al coronavirus que aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la semana pasada y comunicó, mediante orden, la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Así lo anunció la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, a través de su cuenta de Twitter, donde consideró que las medidas "son arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños". "Para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo", reiteró en su red social.
Desde el Ejecutivo madrileño argumentan que en la Comunidad de Madrid rige actualmente la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
Subrayan "el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden de la Ministra" e inciden en que ostentan la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública. A su parecer, es "evidente que esta competencia se viene utilizando, pues tras la finalización de la prórroga del estado de alarma se dictó la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad".
Consideran que "sumir al ciudadano en un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente, es una afrenta clara a la seguridad jurídica". Para el Gobierno de Díaz Ayuso, la declaración "se encuentra viciada ante el hecho incuestionable de no haber sido adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".
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