Andalucía. Griñán, decidido a suprimir la paga mensual a los expresidentes al jubilarse

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado manifestar el criterio favorable a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para introducir reformas legislativas orientadas a reforzar el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios autonómicos y los altos cargos de la Administración andaluza.
Esta iniciativa, propuesta por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad, incluye también medidas para aumentar la transparencia en relación con las actividades e ingresos de estos cargos, además de eliminar la asignaciones mensuales que reciben los expresidentes del Ejecutivo andaluz a partir de los 65 años.
Las reformas legislativas planteadas se concretarán en la modificación de las leyes 1/1986, Electoral de Andalucía; 3/2005, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses, y 2/2005, del Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía.
Respecto a la Ley Electoral, la propuesta de reforma tiene como principal objetivo incluir a los alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales en el régimen de incompatibilidad con el cargo de parlamentario autonómico andaluz.
En la misma línea, también se propone que los parlamentarios no perciban retribuciones y asignaciones, públicas o privadas, al margen de las propias del cargo. Los familiares directos, por su parte, estarán obligados a formular declaración de sus retribuciones y relaciones en materia de contratación con todas las administraciones.
Una reforma similar se plantea en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta, con el fin de obligarles a incluir, en la declaración de actividades e intereses, tanto sus retribuciones como las relaciones de sus familiares directos en materia de contratación con las administraciones.
Respecto a la norma que regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta, la proposición de Ley plantea la eliminación de la asignación mensual actualmente prevista a partir de la finalización de la actividad laboral a los 65 años.