Anfac denuncia la "traición" de pp y ciu y exige que rectifiquen, para no poner en riesgo al sector


El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Francisco Javier García Sanz, afirmó este jueves que la "traición" de PP y CiU pone en riesgo el futuro de la industria del automóvil en España. Esta patronal ha solicitado una reunión urgente con líderes de ambos partidos, para exigirles que rectifiquen.

De este modo se refirió, en declaraciones a la prensa, a la enmienda 234 a la Ley de Economía Sostenible, finalmente apoyada por los dos citados grupos políticos, que introduce la posibilidad de que los concesionarios puedan devolver el "stock" de coches que no vendan al fabricante, transcurridos 60 días desde su adquisición. Esta enmienda también pasa por que, en caso de que un fabricante rescinda el contrato con el distribuidor, este tenga derecho a una indemnización.
García Sanz incidió en la "gravedad de la situación", que "ha indignado a la industria del automóvil". "No entendemos cómo en una democracia se aprueba una norma que afecta tanto a un sector sin contar con el mismo", dijo.
El presidente de la patronal sostuvo que los fabricantes se sienten "muy descontentos, muy peocupados y engañados, hasta se puede decir traicionados", por PP y CiU, partidos políticos que apoyaron esta enmienda, "sin ser conscientes de las terribles repercusiones que tendrá sobre la industria automovilística". "La industria del automóvil ha perdido la confianza en los principales partidos de la oposición", añadió.
Según Anfac, estos partidos, que gobiernan en varias comunidades autónomas en las que hay fábricas automovilísticas instaladas, "han puesto en peligro los puestos de trabajo de muchas familias que trabajan en esas factorías", a través de una "chapuza normativa" que "sólo va a crear intranquilidad y distorsiones".
Por eso, Anfac atribuye a su postura un interés puramente electoral y entiende que "se han equivocado y tienen que rectificar"; de lo contrario, "serán responsables de las pérdidas de inversiones en España -las ya asignadas y las futuras- y de las pérdidas de empleo que esta normativa puede producir", teniendo en cuenta que hay unos dos millones de trabajadores vinculados, directa o indirectamente, a este sector.
En esta situación, Anfac ha solicitado una reunión urgente con el líder del PP, Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.
Además, Anfac reconsiderará algunas acciones e inversiones ya aprobadas, como la participación en el Salón del Automóvil de Barcelona, anunciado hace pocas semanas.
El miércoles próximo, la Junta Directiva de Anfac ha sido convocada en una reunión urgente y extraordinaria en la que analizará las medidas que se adoptarán para corregir esta situación. Según García Sanz, "nos jugamos el futuro de la industria del automóvil en España".
EFECTOS DE LA ENMIENDA
García Sanz incidió en que esta normativa es única en la UE y, además, "excepcional e injustificada", además de temporal (estará en vigor mientras no se apruebe la ley de contratos de distribución comercial, prevista para antes de un año). Asimismo, "penaliza a un único sector de la economía, el del automóvil".
También la tachó de "innecesaria e inoportuna", al crear una fuerte inseguridad en un momento especialmente crítico.
Según sus cálculos, esta norma "improvisada y discriminatoria" podría provocar una reducción drástica de la red oficial de concesionarios, hasta reducirla a la mitad. "Como todo el riesgo lo asume el fabricante, no tiene sentido mantener una red de concesionarios, sino que se crearía una red vertical", indica Anfac.
También vislumbra efectos sobre la competencia (reducción de la misma, intermarca e intramarca, al asumir los fabricantes su propia distribución), efectos sobre el empleo, sobre la producción (la normativa la disminuiría hasta en un 5%, es decir, en unos 125.000 vehívulos) y una pérdida de ingresos fiscales para las arcas públicas.

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