Ángel Carromero ingresó en una prisión española tras llegar de Cuba

  • El dirigente de las juventudes del Partido Popular (PP) español, Ángel Carromero, condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente de tráfico que costó la vida a los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, ingresó hoy en una prisión de España poco después de llegar del país caribeño.

Madrid, 29 dic.- El dirigente de las juventudes del Partido Popular (PP) español, Ángel Carromero, condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por el accidente de tráfico que costó la vida a los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, ingresó hoy en una prisión de España poco después de llegar del país caribeño.

Custodiado por agentes españoles de la Interpol, Carromero, de 27 años, llegó al aeropuerto madrileño de Barajas sobre las 12.10 hora local (11.10 GMT) en un vuelo regular de la compañía Air Europa procedente de La Habana.

En el aeropuerto, esperaban a Carromero a pie de la escalerilla del avión agentes del Cuerpo Nacional de Policía destacados en el Grupo de Fronteras de Barajas, que le han llevado a la comisaria de la terminal antes de trasladarle a un centro penitenciario de la ciudad de Segovia (centro de España).

Una vez en la prisión, situada en el barrio de Perogordo de Segovia, está previsto que el dirigente de las Nuevas Generaciones del PP sea sometido al "protocolo habitual" de ingreso en prisión, es decir, se tomarán sus huellas y filiación y será conducido al módulo de enfermería para su revisión médica.

Allí, se le practicarán los análisis físicos y reconocimientos médicos obligatorios para cualquier penado, una vez remitido el mandamiento de prisión.

La ejecución de su condena impuesta en Cuba es competencia de la Audiencia Nacional española, que se encargará de supervisar su cumplimiento y determinar cuál es la pena que le resta tras haber cumplido ya en Cuba cinco meses de los cuatro años de cárcel a los que fue condenado por homicidio imprudente.

Fuentes penitenciarias explicaron a Efe que el recluso queda pendiente de que la Junta de Tratamiento de la cárcel decida su clasificación.

Si le fuera concedido el tercer grado por parte de Instituciones Penitenciarias en función de los informes que reciba de la Junta de Tratamiento de la prisión, Carromero podría realizar una actividad normal, ya que sólo tendría que ir a dormir al centro penitenciario de domingo a jueves, y podría pasar el fin de semana en su domicilio.

Otra posibilidad es que el recluso pida que los controles a los que debe ser sometido sean telemáticos, lo que evitaría también que tuviera que pernoctar en prisión.

En el accidente de tráfico ocurrido el 22 de julio pasado en Cuba murieron Payá y Cepero, que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, mientras que Carromero y el joven sueco Jens Aron Modig, dirigente de una formación conservadora de su país y que también viajaba en el mismo automóvil, resultaron ilesos.

Tras el juicio en Cuba, el Gobierno español inicio las negociaciones con las autoridades cubanas para que Ángel Carromero pudiera terminar de cumplir la pena a la que fue condenado en España.

Finalmente, el Ejecutivo español autorizó su repatriación el pasado 14 de diciembre, tras cerrar el día anterior un acuerdo con las autoridades de La Habana que incluía el traslado de otro nacional condenado por tráfico de drogas en Cuba, que ha viajado a España en el mismo avión.

Este último recluso, identificado como Miguel Vives Cutillas, había sido condenado a 18 años de cárcel en Cuba por tráfico de drogas.

Cutillas, de 48 años, ha estado preso en Cuba en los últimos cuatro años y solicitó ser trasladado a España para cumplir el resto de su condena en aplicación del mismo convenio.

El abogado de Carromero, José María Viñals, dijo hoy a Efe que espera que su cliente obtenga el tercer grado y no descarta incluso que se le pueda conceder el indulto cuando comience a cumplir en España la pena que se le impuso en Cuba.

El traslado del dirigente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid se produce en aplicación del convenio bilateral de ejecución de sentencias penales que España y Cuba mantienen desde 1998 y que establece que las penas impuestas en Cuba a nacionales de España podrán ser realizadas en centros penitenciarios españoles.

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