Madrid, 22 oct.- La juez de instrucción número 46 de Madrid ha archivado la denuncia del PP contra el PSOE al no apreciar la existencia de un delito de revelación de secretos al divulgar datos de sus trabajadores en el "caso Bárcenas".
La magistrada, María Isabel Garaizabal, había abierto diligencias previas contra el PSOE por esa supuesta revelación de secretos que había denunciado el PP.
En un pleno del Congreso del pasado mes, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, mostró una documentación del sumario del caso Bárcenas que el grupo socialista remitió a los medios de comunicación en la que, según el PP, figuraban datos relativos a la filiación completa, incluido número de DNI de trabajadores, colaboradores y militantes del PP, así como sus retribuciones de los primeros en el partido.
La juez considera que "no ha lugar las medidas cautelares" que se solicitaban, que pretendían la intervención de esas informaciones y que se evitara la reproducción de las mismas, y acuerda el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones al no apreciar "ilícito penal alguno".
En cuanto a la revelación de secretos que denunciaba el PP, la juez señala que "parece evidente" que la finalidad de la difusión de los documentos en cuestión no es la de revelar datos que afectan a la intimidad de las personas que se relacionen en ello.
Precisa que lo que se hace es transmitir una determinada documentación para ilustrar aspectos muy concretos relacionados con el "caso Bárcenas" como el pago de cuotas de militante del extesorero del PP y sus retribuciones.
Además, recalca que de los datos objetivos constatados no se puede concluir que hubiera "un ánimo tendencial de invadir la esfera de privacidad e intimidad".
El Partido Popular también denunciaba la existencia de un delito de revelación de datos de diligencias judiciales secretas.
La juez señala que esta fuerza política "ni siquiera identifica" el procedimiento judicial concreto al que se refiere.
Añade que el secreto de sumario debe interpretarse en un sentido restrictivo, por lo que "no puede erigirse en un obstáculo insalvable para que uno o varios elementos de la realidad social sean excluidos de la libertad de información con el argumento de que sobre esos datos están en curso unas determinadas diligencias sumariales".
"Y es que -precisa- se entiende que al delito de revelación de secretos, relacionado con el contenido de las actuaciones procesales, se le debe dar un contenido restrictivo".
La juez explica asimismo que "es evidente que la naturaleza y contenidos de los documentos difundidos no puede considerarse que frustren el curso de la investigación policial o de las actuaciones judiciales.
En su denuncia, el PP consideraba que la responsabilidad de las posibles infracciones cometidas alcanzarían a quienes obtuvieran los datos y quienes los publicaron y divulgaron "sin las oportunas cautelas para evitar la lesión de derechos a terceros".
El partido denunciante reclamó la adopción de "medidas cautelares urgentes de protección" que incluyeran "el embargo y comiso" de todos los datos relativos a militantes y trabajadores del PP que figuren en los archivos del PSOE y en los medios de comunicación.
También pedía la citación de la portavoz del PSOE, "en principio en calidad de testigo", por ser la persona "que exhibió públicamente los documentos desde la tribuna del Congreso".
Igualmente, solicitó que se reclamara al PSOE "la identificación de las personas de su oficina de prensa y a cuantos hayan participado en los hechos denunciados".
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