Archivan la mayor parte del caso Máster, pero Cristina Cifuentes seguirá imputada

Días después de conocer la resolución del caso del máster de Pablo Casado, este lunes la jueza Carmen Rodríguez-Medel ha archivado la causa en relación a los delitos de prevaricación y cohecho impropio de Cristina Cifuentes, pero ha decidido continuar investigando a la expresidenta madrileña y a otros cuatro imputados por el delito de falsedad documental.

La magistrada ha tomado esta decisión en un auto tres días después de que el Tribunal Supremo decidiese no investigar al líder del PP, Pablo Casado, por los delitos de prevaricación y cohecho. En el auto, fechado a 1 de octubre y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza destaca que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP, Pablo Casado (pieza C del caso), son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

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Por ello, la jueza se basa en estos dictámenes para proceder al archivo de la causa en cuanto a ambos delitos no sin explicar en qué sustentaba sus investigaciones. Y es que para Rodríguez Medel, acreditar indiciariamente la existencia de actividad académica era una parte sustancial en relación con la responsabilidad penal de unos y de otros y era el "punto neurálgico" de la instrucción.

Otro de los puntos que quería analizar la jueza era la acreditación del mérito académico mediante el requerimiento de documentación a los profesores y a los alumnos, una cuestión que, según la magistrada, "en nada afecta a los derechos constitucionales de los investigados", e incluso puede facilitar su exculpación.

Sin embargo, destaca que del auto del Tribunal Supremo "se concluye como primer diligencia que no es relevante acreditar el mérito académico" y que, por eso, se descarta tomar declaración a Pablo Casado. "Se concluye, por el contrario, que es necesario acreditar la existencia de un concierto previo o coetáneo para prevaricar y sólo cuando tal concierto se evidencia, investigar si efectivamente el alumno participó y cooperó en la prevaricación", dice.

Entiende la jueza que esta doctrina debe aplicarse no sólo a Casado sino al resto del alumnado que ostentaba la condición de investigado: la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes y otro compañero suyo del máster, Álvaro Morente; y Alida Mas Taberner, exalto cargo de la Generalitat valenciana; María Mateo Feito, hija de la exasesora regional y Dolores Cancio Álvarez, relacionada con la URJC --estas tres de la promoción de Casado--.

En cuanto a si hay concierto prevaricador de los alumnos, la jueza vuelve al fallo del Supremo para señalar que, según este, no hay "indicios consistentes" de que nos encontremos ante "un regalo concertado entre alumno y profesor el hecho de que se permitiera al alumnado no asistir a clase a pesar de ser un máster presencial". "Esto puede ser como apunta en el auto, un mero trato de favor", añade. En la misma dirección, destaca que tampoco es un "acto de cooperación necesaria para el hecho delictivo el que el alumno se matricule, pague las tasas, solicite la convalidación pasiva ni indicio del concierto que sólo a un grupo de alumnos se anuncie esta posibilidad de reconocer créditos". "Estos son actos neutros", dice refiriéndose al Supremo.

Tras señalar que para el Supremo tampoco es prevaricación que el alumno se beneficie de la concesión del título sin actividad académica, la jueza indica que, a su juicio, lo que es determinante es que "no sean relevantes todos estos elementos analizados conjuntamente, como hace el TS". "Esta conclusión tiene una importancia trascendental en la imputación que pudiera hacerse a los demás alumnos no aforados en la causa", indica. Y es que la jueza explica que tras tomar declaración a varios de los investigados, se desprendió información significativa para acreditar indiciariamente el concierto previo entre el profesor y alumno para que el máster le fuera regalado, una cuestión que "rectifica" a la luz de la resolución del Supremo.

Y pone como ejemplo que una de las investigadas, Dolores Cancio, reconoció que por indicación de Álvarez Conde "no fue a clase ni hizo trabajo alguno" pero obtuvo el título. La juez explica que esta confesión no la tuvo en cuenta el Supremo y que, por tanto, no debe considerarse "indicio alguno de una mecánica de comisión delictiva llevada a cabo entre algunos alumnos, en los que concurrían unas mismas características, y el profesorado--. Esto lo aplica a todos los alumnos en las mismas circunstancias. También destaca que nada hay en autos que evidencie la "concreta relación entre el posible regalo del título y los cargos ostentados por Cristina Cifuentes o Alida Mas en el momento de cursar el máster".

En cuanto a la prevaricación administrativa imputada al personal docente de la URJC, indican que ante "la duda de la existencia de mérito académico, no hay prevaricación del docente". La jueza recuerda que la instrucción venía sustentada en que no hubiera evidencias mínimas de esta actividad académica: no hay trabajos, no hay constancia de su asistencia a clase, no hace exámenes, no hay correos... Sin embargo, como el Supremo entiende que no es necesario acreditar indiciariamente la existencia o no de actividad académica de Casado, "lógicamente tiene que afectar también a la posible prevaricación de los profesores". En este punto, añade que Casado podría haber sido citado a declarar como testigo pero lo descarta una vez que el Supremo no ve causa.

También hace mención al informe de la Fiscalía del TS, y a que no se tenga en cuenta que hay un grupo de alumnos que tienen asignaturas aprobadas y que ya han declarado ante la jueza que no hicieron nada en el máster, más que matricularse y pagar las tasas, nada académico. "Por pura lógica, si el propio alumno señala que nada hizo y tiene la asignatura aprobada, cabe pensar que hay un comportamiento prevaricador del profesor que le calificó. Sin embargo, no hay indicios suficientemente consistentes al respecto, incontestables --según el fiscal--".