La Fiscalía rebajará penas a miembros de la mafia rusa Tambovskaya si confiesan

  • Los acusados controlaban, desde sus residencias en las costas españolas, actividades delictivas en Rusia y luego canalizaban los beneficios en España.
Gennadios Petrov, el jefe de la organización rusa
Gennadios Petrov, el jefe de la organización rusa

El fiscal José Grinda ha anunciado que está dispuesto a rebajar su petición de pena para Leonid Khazine y Mikhael Rebo, dos miembros de la mafia rusa Tambovskaya Malyshevskaya, siempre que confiesen que blanquearon en España el dinero que les reportaba su actividad delictiva.

La Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio a 18 de los 27 integrantes de la citada mafia al estar 9 de ellos huidos de la Justicia, incluido el presunto cabecilla, Gennadius Petrov, y su segundo, Leonid Khristoforov.

Para ambos, que se encuentran en busca y captura, la Fiscalía solicita 8 años y medio de cárcel, mientras que el resto de miembros de la mafia se enfrentan a peticiones de 5 años y medio de prisión.

Sin embargo, el fiscal Anticorrupción José Grinda ha anunciado que rebajará su petición de condena a 1 año y 7 meses de cárcel más el pago de una multa de 26.000 euros para Khazine, y a 2 años de prisión y una multa de 1,6 millones de euros para Rebo, siempre que confiesen su participación en los hechos.

Este último se encuentra, según la Fiscalía, en el "segundo escalón" de la organización y compartía negocios con otro de los integrantes, Alexander Ivanovich (huido de la Justicia), cuyos beneficios luego blanqueaba en España a través de sociedades radicadas en el extranjero.

La instrucción comenzó en 2006 

Grinda ha explicado que el ministerio público está dispuesto a apreciar para Khazine y para Rebo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas dado el transcurso del tiempo desde que comenzó la instrucción, en octubre de 2006, por lo que en virtud del acuerdo ambos podrían eludir su ingreso en prisión al carecer de antecedentes.

A lo largo de la sesión de este lunes, que se ha ceñido a las cuestiones previas del juicio, el fiscal Grinda también ha abierto la puerta a otros acuerdos de conformidad con aquellos acusados que reconozcan que blanquearon en España el "enorme rendimiento económico" que les reportaba su actividad delictiva en Rusia, si bien ninguno más ha querido adherirse.

Sin rebaja para el resto de encausados 

No obstante, el ministerio público ha dejado claro que no contemplará ninguna rebaja para los 9 encausados que se encuentran huidos de la Justicia.

Otro de los acusados a los que ha ofrecido personalmente un acuerdo ha sido a Jurij M. Salikov, cuya defensa no ha aceptado ningún trato con la Fiscalía.

Según Anticorrupción, Salikov "es miembro activo y relevante" de la mafia Tambovskaya y ya fue condenado por defraudar 20 millones de euros, con los que luego se lucraron otros miembros de la mafia, denominada en el ámbito delincuencial ruso "Comunidad Criminal" (Prestupnoe Soobschestvo) e "integrada en una estructura que se trasladó y actúa en España desde el año 1996".

La mayoría de las defensas han solicitado el sobreseimiento de la causa con respecto a sus patrocinados y la nulidad del escrito de acusación del fiscal por "falta de concreción" al tratarse de un "corta y pega de diferentes atestados policiales".

Consideran los abogados que en el escrito del ministerio público no se puede determinar cuáles son los hechos concretos que se imputan a los encausados, lo que afecta a su derecho de defensa, algo en lo que ha discrepado el fiscal Grinda, que se ha opuesto a estas cuestiones previas.

Los acusados españoles 

Por su parte, la defensa de uno de los cinco acusados españoles, Antonio Fortuny, ha solicitado al tribunal el archivo de la causa con respecto a su representado en base a un informe forense que acredita su grave estado de salud por el que no está en condiciones de declarar.

Fortuny está acusado de construir el entramado societario, radicado en España, Panamá y Liechtenstein, usado por algunos de los acusados para blanquear dinero.

Además, los acusados Valdislav M. Reznik y Diana Gindin han remitido un comunicado en el que han manifestado que existe una "desafortunada confusión" con respecto a ellos pues se han visto "involucrados en una investigación judicial que no tiene ninguna vinculación con ellos, más allá de compartir nacionalidad con personas que han podido verse relacionadas con organizaciones criminales".

Al término de las exposiciones de las partes, la presidenta de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Ángeles Barreiro, les ha convocado a mañana para comunicarles su decisión sobre las cuestiones previas y comenzar el interrogatorio de los acusados.

La mayoría de ellos, con antecedentes penales en países de la Unión Europea y otros como Rusia, Estados Unidos o Suiza, son originarios de San Petersburgo y Moscú, pero vivían y operaban en Baleares, Levante y la Costa del Sol, desde donde controlaban la red. 

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