Guerra abierta entre la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y la Asociación de Fiscales, desde la que exigen su dimisión de manera "inmediata" al carecer de "idoneidad por su directa procedencia de la política y por sus conflictos de intereses". Así consta en las conclusiones del XXIII Congreso de la Asociación de Fiscales, que se celebra este fin de semana en Zaragoza bajo el lema 'En defensa de nuestra independencia', en las que también se recoge que el sistema de Justicia "está sometido a una feroz estrategia de deslegitimación".
A juicio de esta asociación, "las erráticas y sectarias actuaciones y decisiones de Dolores Delgado han causado ya un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal. Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen nuestra Institución". Por ello considera necesario que "el procedimiento de nombramiento y remoción del Fiscal General del Estado garantice la independencia del mismo frente al Gobierno, impidiendo la designación de Fiscales Generales procedentes de la política".
La Asociación de Fiscales recuerda que la fiscal general del Estado tiene el deber legal de abstenerse en todos aquellos asuntos en los que pueda existir algún tipo de interés personal, familiar o que afecten a políticos, abarcando la imposibilidad de recabar información en aquellos en los que no deba intervenir. Reclama, "ante la gravedad de la situación actual del sistema de Justicia, sometido a una feroz estrategia de deslegitimación, y ante la evidente crisis de credibilidad y la irrelevancia institucional de la Fiscal General del Estado", un nuevo Estatuto Orgánico que permita reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal, imprescindible para asumir la investigación con garantías".
A su juicio, habría que eliminar la tutela ministerial puesto que "la autonomía institucional del Ministerio Fiscal exige potestad reglamentaria para ejercer sus facultades propias de autoorganización y de gestión presupuestaria, incluida la formación de los fiscales". Además, solicita reforzar las funciones del Consejo Fiscal, como "órgano de representación democrática de la Carrera" y exige que los nombramientos se basen en los principios de mérito y capacidad, "abandonando la arbitrariedad que impera en los nombramientos de la Fiscal General del Estado".
En otra de sus conclusiones pide el "aumento y adecuación de la plantilla; establecimiento de cargas máximas de trabajo; Plan de Prevención de Riesgos Laborales propio del Ministerio Fiscal, revisión de retribuciones y productividad y actualización de dietas". Así mismo, la Asociación de Fiscales reivindica "un estudio de las categorías profesionales de los fiscales, así como de la carrera horizontal que conduzca a la eliminación de la figura del Fiscal en expectativa de destino". Destaca, "al margen de las deficiencias existentes en nuestra institución", que los integrantes del Ministerio Fiscal "cumplen cada día con su deber de promover la acción de la justicia, desde la imparcialidad y con sometimiento pleno a la legalidad".
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