La última reunión del Consejo Fiscal fue convulsa. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, incluyó en el orden del día las acusaciones que el exfiscal del conocido como 'caso Villarejo', Ignacio Stampa, dirigió contra ella ante las sospechas de haber realizado una serie de maniobras para sacarle de la Fiscalía Anticorrupción en octubre del año pasado. Unas manifestaciones que, según afirmó la máxima responsable del Ministerio Público, solo genera un "daño a la institución". Sin embargo, el encuentro no acabó como esperaba, pues el hecho de que Delgado no haya querido seguir profundizando en el asunto y declarara "materia reservada" toda la documentación que reclamó parte de los miembros del órgano asesor de la Fiscalía ha levantado asperezas y provocado cruces de reproches.
La petición de información llegó de la mano de la Asociación de Fiscales, cuyo enfado continúa días después de que se reuniera el cónclave del Ministerio Público el pasado miércoles. Durante el encuentro, los vocales de este grupo solicitaron a Delgado información de los abogados que intervienen en el 'caso Tándem', procedimiento que sigue la Audiencia Nacional para investigar y enjuiciar las presuntas irregularidades de los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo mientras seguía en activo en la Policía Nacional. De hecho, centraron la solicitud en el despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, pareja sentimental de la fiscal general, que ejerce la defensa de alguno de los investigados.
Por otro lado, la Asociación de Fiscales también querían revisar el expediente y documentación de las investigaciones internas que se abrieron a Stampa por la presunta comisión de un presunto delito de revelación de secretos a una abogada de Podemos, personada en el caso Tándem como acusación popular. Y ésta era la clave de la reunión, pues todas las acusaciones sobre maniobras dilatorias surgen a raíz de unos correos electrónicos, a los que tuvo acceso La Información, en los que la 'mano derecha' de Delgado, el jefe de la secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, "sugirió" la práctica de más diligencias antes de que el teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría, y el entonces fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, archivaran la investigación al fiscal implicado.
El decreto por el que se puso fin a las diligencias, al no encontrar indicios delictivos, llegó cuatro meses después de que ningún miembro del Consejo Fiscal votara a favor de Stampa para conseguir una de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que se sacaron a concurso en octubre 2020. El fiscal que había impulsado, junto a su compañero Miguel Serrano, el caso contra Villarejo no recurrió ante la justicia la adjudicación de ninguno de estos puestos, pero un año después sí que ha presentado una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia, al tiempo que ha recurrido por la vía contenciosa-administrativa poder disponer de toda la documentación completa obrante en el expediente de investigación, ya que se expurgaron del mismo las comunicaciones internas entre Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Madrid.
Amparado por el Estatuto
Fuentes de la Fiscalía General del Estado subrayan que dichas comunicaciones entre los instructores de unas diligencias de investigación y la Secretaría General Técnica no es nada extraño, ya que se encuentra amparado por el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Es más, precisan que las "sugerencias", que se pueden hacer por escrito u orales, para evitar cierres en falso no son vinculantes, y muestra de ello es el caso particular de Stampa, pues el instructor no aceptó todas las diligencias propuestas. Asimismo, las mismas fuentes destacan que Delgado fue informada de las comunicaciones pero "no conoce los detalles, ni ha querido conocerlos".
Sin embargo, en opinión de la Asociación de Fiscales -a la que pertenecía Stampa-, la fiscal general del Estado sí debió abstenerse en estas diligencias de investigación "por ser parte afectada". Y ante la negativa expresada por Delgado de seguir indagando en este caso, los vocales de la asociación mayoritaria de la Carrera se vieron "obligados" a hacer públicas sus peticiones al entender que el rechazo no ayuda a "aclarar las graves acusaciones" que se realizan contra la máxima representante de la Fiscalía. El asunto no quedó zanjado ahí, pues este mismo viernes la asociación volvió a sacar un comunicado para afear de nuevo a Delgado su actuación por no facilitar información.
"Volvimos a ser testigos de la intransigencia de la fiscal general y de su falta de argumentos para impedir que tengamos un conocimiento completo de lo sucedido en relación con las graves acusaciones de las que se hacen eco los medios de comunicación y que dañan su imagen y la de la propia institución como consecuencia de su falta de credibilidad ante la opinión pública. Y es que esa exposición continua ante la ciudadanía derivada de su forma y manera de proceder y entender la institución son la raíz del problema", reza el último comunicado, en el que además se recalca que la documentación que exhibieron Álvaro García Ortiz y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ambos 'invitados' al último Consejo Fiscal, era "una parte y no su totalidad".
"Enturbiar la imagen" de Fiscalía
Por contra, los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenecía Delgado antes de ser ministra de Justicia, etapa justamente anterior a llegar a la Fiscalía General del Estado- afirmaron que se sentían satisfechos con la "nutrida" información que habían recibido durante la reunión del miércoles, por lo que, mediante una nota de prensa, reprocharon a los consejeros presentes de la otra asociación que su "única reacción" fuera no hacer ninguna pregunta y pidiera numerosa documentación "sin precisar la relación que tenía con el objeto de debate". Fuentes de la UPF consultadas por este diario agregan a estas críticas públicas que la AF parece tener un cierto "interés particular" en "mantener el asunto vivo de forma artificial" con el objetivo de "enturbiar la imagen de la institución".
A todo este intercambio de reproches entre asociaciones de fiscales, se une también las recientes palabras del que fuera instructor de las diligencias de investigación contra uno de los primeros fiscales del 'caso Villarejo'. En contra de lo manifestado desde la Fiscalía General del Estado, el teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría sostiene que la Secretaría Técnica no podía dar ningún tipo de instrucción para retrasar el carpetazo de la investigación porque no es un órgano jerárquicamente por encima de la Fiscalía Superior de Madrid. Según han informado varios medios de comunicación, el 'número dos' de esta Fiscalía afirma que la 'mano derecha' de Delgado quiso realmente dilatar el procedimiento abierto contra Stampa y por ello realizó dichas comunicaciones internas con la intención de "influir". Y en efecto, lo consiguió, admite el instructor.
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