La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este martes enviar una carta a la Generalitat de Cataluña para pedir información sobre la política de inmersión lingüística, después de que varios ciudadanos catalanes hayan participado en un debate en el que han denunciado la "discriminación" y la "vulneración" de derechos que sufre la población castellanoparlante.
Así lo ha anunciado la presidenta de esta comisión europarlamentaria, la liberal sueca Cecilia Wikström, después de las intervenciones de Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, y Carlos Silva, en nombre de la organización Impulso Ciudadano. "Enviaremos una carta a las autoridades nacionales para pedir información refiriéndonos a las sentencias del tribunal. Creo que una buena forma de avanzar", ha propuesto Wikström, en referencia a las sentencias del Supremo que obligan a que el 25% de las clases de colegios catalanes se den en español.
"Hay familias que tienen que mudarse a Cataluña por un corto periodo de tiempo y cuando vuelven a otra parte de España los niños no deben haber perdido su lengua completamente. Restringir la libertad de movimientos de las familias está simplemente en contra de los valores de la UE", ha defendido la sueca. Por su parte, los representantes de la Comisión Europea que han participado en los dos debates han explicado que la competencia en ambos casos pertenece a los Estados miembros y que, por tanto, no tiene poderes para intervenir.
En una rueda de prensa anterior a los debates, Silva ha denunciado que "la anomalía democrática que existe en estos momentos en Cataluña es la situación que ha vivido durante décadas la comunidad castellanohablante". "Se siente discriminada, sus derechos fundamentales son vulnerados y es ignorada por parte del régimen nacionalista, que ha hecho del tema lingüístico la punta de lanza de toda su política identitaria", ha criticado. En su opinión, los derechos lingüísticos de los catalanes "se miden por un doble rasero según la lengua del consumidor" que se articula a través de una ley que dispone "un régimen sancionador para aquellos comerciantes y empresarios que no roturen absolutamente todo en catalán".
Además, ha denunciado que el Gobierno catalán "ha implantado un sistema policial" mediante el cual "ha sometido al pequeño comercio y a miles de empresarios a una serie de severos controles" que han llevado a "cientos de sanciones y cientos de miles de euros en multas". "Los inspectores de consumo en Cataluña se han convertido en protectores de unos pocos", ha asegurado Silva, para después afirmar que el derecho de los consumidores y usuarios a "ser informados en una lengua comprensible no está garantizado" en Cataluña "por decisión de los sucesivos gobiernos catalanes.
Derechos lingüísticos vulnerados
Losada, por su parte, ha dicho ser "la voz de muchos padres catalanes" que ven que sus derechos lingüísticos son "vulnerados constantemente" desde hace 30 años por la Generalitat. "Aunque la legislación y la Constitución protege nuestros derechos, el día a día no se ejecuta como tal y tenemos una escuela que arrincona a una lengua que además es la mayoritaria de los catalanes", ha expresado.
En la comparecencia de prensa, Losada ha manifestado que "romper el miedo" de los padres a solicitar estos derechos es "muy difícil" porque "el bloque nacionalista ha trasmitido el mensaje de que aquellos que quieren más castellano en la escuela se oponen o queremos marginar al catalán". "Nada más lejos de nuestras intenciones", ha subrayado. "Queremos que nuestros hijos aprendan a convivir desde la escuela con las dos lenguas, con esas dos culturas escritas en diferentes lenguas, que es un enriquecimiento y que se está convirtiendo en un motivo de marginación para el 50% de los alumnos catalanes", ha explicado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios