De la Mata quiere juzgar a la excúpula de Caixanova por un agujero de 80 millones

  • De la Mata les imputa blanqueo y apropiación indebida por préstamos y créditos concedidos de manera irregular para reflotar la conservera Alfageme.
Julio Fernández Gayoso.
Julio Fernández Gayoso.
EFE

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado proceder contra el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, los exdirectores generales de la entidad Gregorio Gorriarán y Jose Luis Pego y otras siete personas investigadas por los préstamos concedidos a la empresa Promalar para reflotar la conservera Bernardo Alfageme, vinculada a antiguos gestores de la caja gallega. Se trata de unos hechos que causaron un perjuicio económico a la entidad de más de 80 millones de euros.

El juez transforma en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra la excúpula por los delitos de blanqueo de capitales y apropiación indebida por cuatro operaciones financieras realizadas entre 2005 y 2010 cubiertas con garantías inmobiliarias tasadas de manera absolutamente irregular; de hecho, se llegaron a tasar fincas en 190 veces su valor.

Las dos primeras operaciones consistieron en un préstamo hipotecario de 60 millones de euros y un crédito de la misma cantidad. En 2007 se concedió un nuevo préstamo hipotecario de 9,25 millones de euros y dos años después una póliza de crédito de 5 millones de euros.

En total se otorgaron créditos y préstamos por importe cercano a los 135 millones de euros que no fueron devueltos en ningún caso y han supuesto, según relata el juez, “pérdidas multimillonarias”. Además añade que los investigados trataron de ocultar su responsabilidad alegando mala suerte, frustración de expectativas, o la "socorrida" crisis inmobiliaria.

El objetivo de estas operaciones no era otro que el de reflotar la conservera Bernado Alfageme, que en aquel momento presentaba serias dificultades económicas y cuyos accionistas mantenían una estrecha relación con la caja.

Cabe destacar que tres de las 10 personas que se investigan en esta causa -Pego Alonso, Gorriarán Laza y Fernández Gayoso- ya fueron condenados por este mismo tribunal a dos años de cárcel por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad y que alcanzaron los 22 millones de euros.

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