Canarias recurrirá Ley de Costas al TC y Greenpeace presentará queja ante UE

Madrid, 10 may.- Canarias interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que la ley de Costas invade las competencias de las comunidades autónomas, y Greenpeace presentará una queja ante la Unión Europea para que evalúe si la nueva norma vulnera directivas europeas.

Un día después de la aprobación de la Ley de Costas en la Cámara Baja, el Gobierno canario ha anunciado que presentará un recurso ante el Constitucional por entender que esta norma invade las competencias territoriales de las comunidades autónomas, vulnera el principio de igualdad y tiene carácter retroactivo.

El recurso se basará en que la ley no trata a todos los núcleos costeros por igual "y no puede ser que haya una dispensa" para ciertas poblaciones del litoral en la Península "y no se contemple lo mismo para toda la costa del Estado", según el consejero canario de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel.

A su juicio, la ley en modo alguno resuelve el problema costero sino que, por contra, empeora la situación de núcleos históricos que tienen como origen la actividad pesquera, de los que hay "muchísimos" en Canarias.

Ha ironizado Berriel sobre el hecho de que la ley se denomina de la sostenibilidad de las costas "cuando no tiene nada que ver con eso", pues "dice una cosa y hace la contraria".

En Jaén, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que "Greenpeace no se ha leído la ley porque esta ley no permite nuevas construcciones en el litoral".

En declaraciones a la prensa antes de visitar la XVI de la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines (Expoliva), ha añadido que esta ley "garantiza mucho más que no va a haber aberraciones como las del Algarrobico".

A su juicio, esta Ley de Costas "va a dar seguridad jurídica a los que adquirieron sus viviendas antes de 1988 y las inscribieron de buena fe en el Registro de la Propiedad y ahora en el año 2018 tendrían que derribarlas".

Esta situación sería "un sinsentido y esta ley lo que hace es que en situaciones de inseguridad jurídica se le da un horizonte de estabilidad, no se permite ninguna nueva construcción y se protege mucho más las playas naturales y además no se permiten nuevas construcciones".

Sin embargo, el portavoz federal del partido ecologista EQUO, Juan López de Uralde, ha respondido al ministro recomendándole "que se tome una ducha fría antes de descalificar a sus adversarios".

López de Uralde ha calificado la nueva norma de "queso gruyere" por el que se cuelan construcciones que hasta ahora eran ilegales y ha reclamado proteger el litoral para mantener el turismo como primera industria española.

Por otro lado, Greenpeace ha anunciado que, una vez que la Ley de Costas sea publicada en el BOE, presentará una queja ante la Unión Europea para que evalúe si la nueva norma viola un conjunto de directivas comunitarias.

Se trata de las directivas sobre Hábitats, la relativa a la conservación de aves silvestres y la de evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente, entre otras.

En declaraciones a EFE, la responsable de campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha explicado que la acción de ayer de ocho activistas encaramados al tejado del Congreso de los Diputados pretendía llamar la atención sobre "la barbaridad" que implica la ley de costas.

Los ocho activistas detenidos fueron puestos en libertad anoche por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, pero deberán comparecer mensualmente en el tribunal, y aunque no se les atribuye ningún delito, sí se ha pedido a la Cámara Baja que informe sobre si los activistas alteraron el funcionamiento del hemiciclo.

En una rueda de prensa celebrada en Madrid, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha dicho que la reforma de la ley de Costas va a beneficiar a 550.000 ciudadanos cuyas viviendas se encuentran en el litoral español.

Según Ramos, el objetivo es dar seguridad jurídica a las 40.000 ocupaciones, entre viviendas y negocios, situadas en dominio público marítimo terrestre, es decir primera franja del litoral.